El Gobierno decidió mantener al holding de Aldo Roggio en la obra del río Salado, una de las más importantes de la gestión de Mauricio Macri, pese a que el empresario declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos que destaparon las coimas que se pagaron durante el anterior gobierno.

Roggio ganó el tramo de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

Este tramo no está a cargo de María Eugenia Vidal sino de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, bajo la órbita del Ministerio del Interior.

En el Gobierno estiman que la obra beneficiará a 200.000 personas de manera directa y a 1,4 millones en toda la cuenca.

Roggio ofreció por $6.046 millones y por eso le ganó la licitación a las competidoras Helport, Pentamar, Dragados y Obras portuarias, Sacde -que se quedó con IECSA de Ángelo Calcaterra, otro arrepentido- y José Cartellone.

En el Gobierno explican que no pueden sacarle la obra a Roggio si no está condenado por la Justicia. Y que no hay muchos más empresarios de la envergadura de Roggio en el país como para hacer una obra como la del Salado.

El hipotético veto a Roggio sin condena supondría que buena parte de la obra pública se paralice, habida cuenta del desfile por Comodoro Py de empresarios en calidad de arrepentidos.

«Es imposible pensar en un país que se quede sin empresarios», aseguraron a LPO fuentes del Gobierno. Roggio compite por mantener la concesión del subte porteño que ostenta desde 1994 y un veto sin condena lo podría perjudicar.

La obra se hará con pago diferido: la mitad en efectivo y el resto con bonos del Banco Nación a cuatro años.

«El pago diferido es un invento nuestro. Conseguimos 500 millones de dólares de inversión genuina en infraestructura más 500 para AYSA. Ya pusimos mil palos verdes a mover», dijeron en la secretaría de Infraestructura que encabeza el ingeniero Pablo Bereciartúa, uno de los principales impulsores de que la obra se realice y que para eso continúe en manos de Roggio.