Desde el Ministerio de Desarrollo Social, las autoridades repudiaron el ataque contra las oficinas de la cartera ubicadas en Tres Isletas, hecho perpetrado por la organización social que tiene al frente al dirigente Raúl Castells.

Explicaron que, como parte del acto vandálico, “se destruyó y sustrajo material documental que podría ser requerido por distintos organismos de contralor y que administrativamente el Ministerio debe rendir ante el Tribunal de Cuentas”.

Además explicaron que “entre la documental destruida, se perdieron años de trabajo y seguimiento, ya que el material contenía información valiosa sobre casos específicos de seguimiento realizado a niños, adolescentes y embarazadas en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, y como es de público conocimiento sustrajeron módulos alimentarios para celíacos y para casos con déficit nutricional.

Destacaron además, que el hecho fue acompañado por agresiones contra personal de la Subsecretaría de Abordaje Territorial, que se desempeña en Tres Isletas, lo que derivó la atención de un caso por lesiones en el hospital local, además de “una inusitada y sistemática violencia verbal y psicológica contra las trabajadoras que se encontraban en la sede de la calle Irigoyen casi 25 Mayo, de esa localidad”.

Representantes del Ministerio de Desarrollo Social valoraron el diálogo como herramienta articuladora entre la demanda ciudadana y las respuestas del  Estado. “Este ataque no tiene razón de ser”, sentenciaron.

«Este vandalismo es absolutamente repudiable, el nivel del violencia ejercido hacia las trabajadoras denota un accionar innecesario, ya que siempre estamos abiertos al diálogo», expresó el ministro de Desarrollo Social Roberto Acosta.

Y agregó: «Ante la cruda situación de pobreza actual, debemos reflexionar y saber que esto no se combate ni se resuelve con políticas asistencialistas sino con medidas económicas integrales y contundentes, lo que se torna difícil de resolver debido al rumbo con el que se está conduciendo el país».

«Nadie desconoce que vivimos una crisis nacional por pérdida de poder adquisitivo, caída en puestos de empleo, lo que puede generar tensión y una efervescencia en los reclamos, pero nada de esto justifica la violencia y el ataque contra agentes del Estado en la búsqueda de legitimar una demanda social», describió la subsecretaria de Abordaje Territorial, Silvana Tayara.

Como prueba de ello recordó que hace una semana, se realizaron una serie de continuas negociaciones, lográndose un acuerdo con distintas organizaciones de comunidades originarias y pequeños productores que llegaron hasta Resistencia manifestándose contra las políticas de ajustes nacionales, persiguiendo respuestas que impliquen reivindicaciones que van desde medidas de protección social hasta el impulso de emprendimientos productivos.

Además, se refirió a lo que significa la sustracción de módulos para una población específica, que producto del acto vandálico, deberán aguardar unos días hasta tanto se dé la reposición de lo hurtado para acceder nuevamente a la ayuda estatal. «Sabemos que la dieta de los celíacos requiere de productos determinados y no contar con el módulo, puede implicar que modifique su alimentación con los consiguientes problemas de salud que acarrearía porque se tratan de mercadería que muchas veces no se consiguen en localidades alejadas de centros urbanos», explicó.

La subsecretaria hizo hincapié en que la violencia no puede prevalecer ante el diálogo y el consenso, y que acompañará en la contención a los agentes afectados por el ataque.

«Vamos a seguir de cerca la denuncia realizada por la encargada de la oficina por violencia de género y la sustracción de los módulos, a la par de valorar la relación con las organizaciones de la sociedad civil que entienden que preservar la paz social mediante el diálogo y búsqueda de consensos, permite generar políticas inclusivas», finalizó Tayara.