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Padrastro de salvadoreña juzgada por aborto fue hallado culpable de violación y sentenciado a 13 años de cárcel

Imelda Cortez fue noticia mundial al conocerse que era juzgada por intento de homicido en su natal El Salvador, donde era violada por su padrastro Pablo Henríquez.

Pablo Henríquez Ayala fue hallado culpable de haber violado a su hijastra, la joven de 13 años de nombre Imelda Cortez, quien fue noticia mundial al conocerse que era juzgada por intento de homicido en su natal El Salvador, donde el aborto es ilegal y duramente castigado.

Una corte del país centroamericano condenó este miércoles 3 de abril a 13 años y 4 meses de prisión al padrastro de Cortez, juzgada por intento de homicidio al supuestamente abortar y absuelta en diciembre de 2018, de acuerdo con uno de los portavoces de una organización social cuestionado por la agencia EFE.

El organismo, de nombre Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, informó que el juicio contra Henríquez Ayala, al que se le decretó reserva total, comenzó ayer martes 2 de abril y concluyó muy rápidamente este miércoles. Según la organización, el individuo de 71 años violó a la menor de edad desde que tenía solo 12 años.

Producto de estos constantes abusos sexuales, la menor quedó embarazada y en abril de 2017 experimentó un “parto extrahospitalario”, por la que la Fiscalía la procesó por supuestamente intentar expulsar de su cuerpo a su bebé.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias. Aunque el embarazo llegó a término y la hija de Imelda Cortez no sufrió ningún daño, el Ministerio Público salvadoreño acusó a la joven de intento de homicidio.

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países alrededor del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto y con leyes muy rígidas en ese tema.

En los últimos 10 años, desde 2009, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto ha logrado que 28 mujeres, acusadas de aborto, recobraran su libertad. Uno de los casos resueltos por el organismo más emblemáticos es el de Teodora del Carmen Vásquez, quien fue condenada a 30 años de prisión por un aborto que no nunca fue probado.

Vásquez dio a luz a un bebé muerto en 2007, después de sentir unos dolores repentinos y muy fuertes mientras estaba trabajando. El Ministerio de Justicia de El Salvador conmutó en 2018 la condena de Teodora, pero no anuló la declaración de culpabilidad ni reconoció su inocencia.

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