PRONÓSTICO EXTENDIDO

La justicia dictó medida cautelar ordenando al personal de Contaduría y Tesorería que está de paro a autorizar pagos en la Provincia

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Según una copia del expediente al que tuvo acceso el portal colega Diario Chaco, el juez Jorge Mladen Sinkovich decretó una medida cautelar innovativa “ a favor de todos los habitantes de esta provincia del Chaco, ordenando a la Contaduría General y Tesorería General, Contador y Tesorero General y todas las reparticiones a su cargo y sin perjuicio del derecho (a huelga) consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, garantice durante los períodos del huelga, paros y/o medidas de fuerza la prestación de servicios esenciales, mínimo e indispensables”.







A continuación de lo cual el juez explicita cuáles son dichos servicios: “Autorización de pagos asumidos por la Provincia del Chaco en el marco del cumplimiento de sentencias judiciales y de las Leyes de consolidación; autorización de licitaciones que tengan que ver con la adquisición de insumos médicos y hospitalarios; autorización de contrataciones de servicios urgentes e impostergables; garantice la prestación del servicio de contralor previo en toda la provincia a partir del funcionamiento de las áreas mediante las cuales se autoricen gastos, pagos, contrataciones y licitaciones; y demás prestaciones de vital importancia que tiene a su cargo, con la calidad y eficiencia requerida para los servicios que presta adoptando las medidas pertinentes al caso, todo ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.







El efecto de la orden debe ser inmediato, expresa el juez: : tras la denuncia de la fiscal de Estado Subrogante Julia Elena Duarte Artecona, el juez Sinkovich solicitó informes al personal que permanecía de paro en las depentencias de Contaduría y Tesorería y consideró que «de mantenerse el estado de huelga», existía el riesgo de «no encontrarse garantizados los servicios mínimos esenciales, se lesionarían derechos constitucionales fundamentales, tales como derecho a la propiedad, a la vida, a la salud, alimentario, a peticionar ante las autoridades, entre otros, afectando de manera directa el funcionamiento de los servicios públicos y de la administración provincial».