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Condenan a seis Prefectos a una pena entre 8 y 10 años de prisión por Torturas a integrantes de una organización social

El Tribunal Oral Criminal 9 de la Capital Federal, finalmente dio a conocer las penas para los prefectos que torturaron a dos jóvenes miembro de la organización La Poderosa en septiembre de 2016.







Leandro Antúnez, Orlando Benítez, Osvaldo Ertel, Eduardo Sandoval, Yamil Marsilli y Ramón F. Falcón fueron condenados por haberse comprobado que los jóvenes habían recibido “torturas”.

Los uniformados ya estaban detenidos, pero ahora recibieron penas que van de ocho a diez años. Es por los delitos cometidos contra Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, quienes habían recibido golpizas y simulacros de fusilamiento por miembros de Prefectura en la villa 21-24 del Barrio de Flores en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

De esta forma los prefectos Leandro Antúnez, Orlando Benítez, Osvaldo Ertel, Eduardo Sandoval, Yamil Marsilli y Ramón F. Falcón fueron condenados por haberse comprobado que los jóvenes habían recibido “torturas”.

“Aquel 24 de septiembre que ojalá termine hoy, nos detuvieron, nos pegaron, nos secuestraron y nos llevaron hasta la vera del Riachuelo, junto a mi amigo Ezequiel, donde nos torturaron de las maneras más perversas. Incluido un simulacro de fusilamiento, un disparo que dio largada a las amenazas, las persecuciones y el desgastante camino judicial que hoy debiera mandar a la cárcel por muchos años a los seis prefectos que nos arruinaron la vida”, es parte del relato de Iván Navarro en un texto publicado este viernes por la Garganta Poderosa llamado ‘La doctrina torturar’.

 

La Garganta Poderosa@gargantapodero

“Con la condena a los seis prefectos me siento mucho más tranquilo, porque hoy empieza a borrarse un nudo en la panza que llevo desde hace dos años”, Iván Navarro, torturado junto a su amigo Ezequiel por la Prefectura Naval, el 24 de septiembre de 2016.

Para conseguir que los responsables sean juzgados, desde la Garganta Poderosa llegaron incluso a realizar una denuncia formal en la ONU y había reunido el aval de varias organizaciones de Derechos Humanos, como el CELS.

De hecho, durante este tiempo los miembros de la organización villera denunciaron que la Prefectura continuaba amenazando para que no avanzaran con la denuncia.

 



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