Martín Guzmán presentó este martes el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para sancionar antes de fin de año e informó que se cobrará un impuesto de 30% a todas las compras de dólares durante cinco años «para atesoramiento» que se hagan dentro del país, incluidos los 200 dólares mensuales que permite el cupo vigente hoy.

A eso se sumará el ya anunciado tributo del 30% a las compras de bienes y servicios efectuados en el exterior y otros pagos vinculados al turismo emisivo.

La recaudación de todo ello se destinará en un 70% al financiamiento de la seguridad social y un 30% a obras de infraestructura y vivienda.

Otro de los sectores más afectados fue el de los productores agropecuarios, que a menos de una semana de haberles actualizado las retenciones, le aplican un nuevo ajuste. Bajo este nuevo esquema, el gravamen de la soja subirá al 33%, mientras que el trigo y el maíz pasan al 15%, aunque Guzmán aclaró que las modificaciones están sujetas «al diálogo». Los productos agroindustriales quedarán con un tope del 5%.

Como anticipó este medio, las alícuotas de bienes personales volverán a las vigentes en 2015 -entre un 0,5% y 1,25% según el valor de los bienes-, pero se mantendrán los mínimos imponibles del macrismo de 2 millones de pesos y de 18 millones para los inmuebles destinados a vivienda del contribuyente.

En tanto, se faculta al Poder Ejecutivo a poder incrementar la alícuota de los bienes en el exterior hasta un 100%, con la posibilidad de evitar este impuesto en el caso de la repatriación de una parte de los activos financieros.

El paquete de impuestos se completa con un freno a la reducción de contribuciones patronales -ya que «las bajas de impuestos al trabajo han resultado siempre inefectivas en nuestro país como política de generación de empleo-, una ampliación a seis períodos para ingresar la diferencia del ajuste de balances de las empresas por inflación, la suspensión a la reducción de la alícuota a la renta empresaria -que quedará en un 30%- y un impuesto sobre las extracciones en efectivo para grandes empresas «para incentivar la formalización de la economía».

«Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar. No podemos permitir que el déficit crezca porque no tenemos cómo financiarlo y la emisión monetaria puede generar desequilibrios», dijo Guzmán para justificar las medidas. Y agregó que justamente este «cuidado de la situación fiscal» es lo que estabilizará la inflación y evitará el traslado a precios de este virtual desdoblamiento cambiario.

Entre los paliativos que buscan «proteger a los sectores de gran vulnerabilidad» y revertir «la caída de la economía», se destaca el pago de dos bonos de $5.000 -uno en diciembre y otro en enero- a los jubilados que cobren el haber mínimo.

En principio, el resto de los jubilados se vería afectado por la suspensión por 180 días de la fórmula de movilidad justo cuando debía convalidarse un importante aumento debido a la alta inflación de los últimos trimestres.

Eso quedará sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo que a través de este proyecto adquiere la facultad de fijar incrementos trimestrales «que atenderán prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos».

Al mismo tiempo, las tarifas de servicios públicos se mantendrán congeladas por otros seis meses hasta que se renegocie la revisión tarifaria integral con las empresas, se le devolverá el IVA «sectores vulnerados» -sin precisar cómo será este régimen- y se lanzará un plan de regularización de deudas tributarias, de seguridad social y aduaneras «para atender la situación de las pequeñas y medianas empresas que no han logrado sostener el cumplimiento de sus obligaciones».