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El Gobierno niega la liberación de 1.400 presos y dice que es potestad del Poder Judicial

Tras las versiones de que 1.400 presos -incluyendo a varios condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura- podían ser liberados anticipadamente, el Ministerio de Justicia salió a negar esa posibilidad y confirmó que ese beneficio sólo es potestad del Poder Judicial.

negó que el Servicio Penitenciario Federal pudiera llevar adelante esas liberaciones que “el SPF en ningún caso otorga libertades de tipo alguno”.







La reciente difusión de un listado elaborado por el Servicio Penitenciario Federal sobre 1.400 presos que estarían en condiciones de acceder a la libertad condicional o prisión domiciliaria, entre los cuales figuran los represores Jorge “Tigre” Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón, diputados nacionales de diferentes sectores salieron a alertar sobre el caso.

Por eso, el Ministerio de Justicia que orienta Germán Garavano, salió al cruce de la versión y afirmó:

“Por imperio legal, es el Poder Judicial quien determina y otorga los beneficios de egreso anticipado y libertades por vencimiento de la condena a las personas que se encuentran detenidas, y también quien determina las personas que se incorporan al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”.

Y explicó que “durante 2016, se efectúo un diagnóstico situacional completo que incluyó también la confección un informe mensual de la cantidad de internos tanto procesados (63%) como condenados que de manera objetiva podrían ser evaluados para el acceder a los distintos institutos previstos por ley y reconocidos por los organismos internacionales”.

Para efectuar ese diagnóstico “se incluyeron además de quienes se encuentran temporalmente para ser tratados bajo la figura de egreso anticipado, aquellos internos extranjeros que representan el 25% de la población penal del SPF, consignando que 800 de ellos podrían ser evaluados para su oportuna expulsión”.

“Es el Poder Judicial debe considerar cada caso concreto de manera individual (es decir, a cada interno), y la administración penitenciaria, a través de un equipo multidisciplinario, debe también de manera individual efectuar un análisis y evaluación -tanto clínica como actuarial- que de manera no vinculante se remite a la autoridad judicial para su oportuna resolución”, indica el comunicado del Servicio Penitenciario Federal.







Este martes, diputados nacionales del Frente Renovador realizaron una conferencia de prensa y expresaron su “rechazo y preocupación” ante la reciente difusión de un listado elaborado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con 1.400 presos que estarían en condiciones de acceder a la libertad condicional o prisión domiciliaria, entre los cuales figuran los represores Jorge “Tigre” Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón.

En ese sentido, solicitaron “el urgente tratamiento del proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, presentado oportunamente por Sergio Massa, para que el cumplimiento de condena efectiva sea una realidad”.

En conferencia de prensa, los legisladores y referentes en Seguridad del espacio que lidera Massa criticaron la posibilidad de que “el Poder Ejecutivo libere a violadores, represores y narcotraficantes por superpoblación de cárceles”.

Ahora, el Ministerio de Garavano aclaró el objetivo del informe y puso en manos de la Justicia la eventual resolución sobre la suerte de los detenidos a disposición del SPF.




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