Hay una fuerte puja entre la clase política y la familia judicial por el pago de Ganancias de los jueces, que se encuentran exentos a pagar ese impuesto.
En el Congreso, durante la última sesión de Diputados, la oposición buscó que prosperara un proyecto para que paguen el arancel, pero no prosperó. En paralelo, hay un fallo pendiente de resolución en Casación acerca del pago de Ganancias que los jueces designados desde el 1º de enero de 2017 deberían estar abonando.
Ese expediente podría derivar en la Corte, precisamente, integrada por magistrados que, por su antigüedad en el cargo, están exentos del pago del Impuesto.
En tanto, en el Gobierno, si bien creen que es un tema áspero de resolución con el sindicato de empleados judiciales y también con la propia Corte, consideran que sería un gran avance que los magistrados, como el resto de la ciudadanía, sean incluidos en el pago de Ganancias.
No van a apurar una decisión, pero esperan que se consensúe para llegar a ella en el mediano plazo y cerrar un tema espinoso para la opinión pública.
En ese contexto, este viernes, en sesión de trabajo mantenida entre las autoridades del sector justicia de la provincia y legisladores nacionales, se conformó por primera ocasión, la mesa judicial del Chaco (UEJN AMFJN y la AMFJ Chaco), cuyo rol será mantener una serie de reuniones entre ambos poderes del Estado. 
El presidente de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco, Gustavo Serrano, participó del encuentro con las diputadas Analia Rach Quiroga y Lucila Masin, «a quienes explicamos la postura de las tres entidades respecto al impuesto a las ganancias y al Traspaso de la Justicia Nacional a LA CABA», informó.
Tras la sesión de trabajo en la que estuvo presente la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, emitieron un documento firmado por la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus).
El mismo, señala entre otras cosas, que «en las condiciones actuales, aplicar el impuesto a las ganancias a los magistrados alcanzados llevaría a privarlos de una porción muy considerable (que puede llegar a entre un quinto y un tercio, dependiendo del monto y de la situación de cada magistrado) de su retribución».
El texto indica además que «los Poderes Judiciales no pueden aceptar que el Congreso de la Nación adopte una metodología impropia y errática por medio de un instrumento como la ley común, para alterar una norma de jerarquía suprema consagrada por la Constitución Nacional por cuanto ello implica una evidente extralimitación de su competencia y obviamente una intromisión afectatoria de la independencia e inviolabilidad del Poder Judicial».
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