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La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco rechazó la propuesta de aumento salarial

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“Resulta insuficiente para restaurar la vigencia de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones, pilar fundamental de la independencia judicial”, aseguran.

Se conoció la propuesta de aumento a judiciales por parte del gobierno provincial, la cual fue aceptada por los sindicatos y consta de un incremento del 5% al básico de todo el personal e incrementos del 4% al rubro incompatibilidad, 2% al rubro adicional remunerativo para el personal judicial y mil pesos el rubro reconocimiento

En ese contexto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco rechazó la propuesta con un contundente comunicado, en el cual hace referencia a la intangibilidad y deja expreso que el incremento presentado no alcanzar apara “restaurar la vigencia” de la garantía, “cuya lesión data de hace más de 14 años”. 

Aprovecharon para recordar además la reciente sentencia del STJ que avanza en ese sentido de recomposición salarial y manifestaron “su grave preocupación por falta de observación de deberes impuestos constitucionalmente por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y que fueron recientemente señalados por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco”. 

El acuerdo de aumento salarial recientemente comunicado por el Poder Ejecutivo no subsana la omisión incurrida, y solo logra profundizar el menoscabo de nuestras garantías constitucionales, otorgando aumentos en negro que violan la legislación vigente y sin beneficiar de manera equitativa a quienes integran el Poder Judicial”, aseguran desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. 

COMUNICADO COMPLETO

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco comunica su rechazo absoluto y terminante al incremento salarial propuesto por el Gobierno provincial, el cual resulta insuficiente para restaurar la vigencia de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones, pilar fundamental de la independencia judicial, cuya lesión data desde hace más de 14 años, y así fue reconocida en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 12/11/2019 en los autos «Alonso de Martina, Marta Inés y otros s/ Acción de Amparo».

Al mismo tiempo que manifiesta su grave preocupación por falta de observación de deberes impuestos constitucionalmente por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y que fueron recientemente señalados por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco (integrados por jueces ad-hoc) en la sentencia nro. 160/20, de fecha 10 de septiembre del corriente año, por medio de la cual se intimó a dichos poderes para que dentro del plazo de sesiones ordinarias del corriente año procedan al restablecimiento de la garantía violentada mediante la recomposición de las remuneraciones de modo tal que reinstaure su vigor y permita el funcionamiento independiente del Poder Judicial, impidiendo que en adelante y hacia el futuro se produzcan la reiteración de desfasajes que importen una nueva violación a la garantía mencionada.E

l acuerdo de aumento salarial recientemente comunicado por el Poder Ejecutivo no subsana la omisión incurrida, y solo logra profundizar el menoscabo de nuestras garantías constitucionales, otorgando aumentos en negro que violan la legislación vigente y sin beneficiar de manera equitativa a quienes integran el Poder Judicial; cuyo servicio se mantuvo en los momentos más acuciantes de la pandemia con la participación fundamental de magistrados y funcionarios quienes con esfuerzo y responsabilidad garantizaron su funcionamiento.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco siempre se mostró abierta al dialogo, colaborando con propuestas de soluciones, beneficiosas para todos los intereses involucrados. Es por ello que sorprende la falta de esfuerzo puesta de manifestó por el Poder Ejecutivo para lograr un solución equitativa y debidamente consensuada.

En consecuencia, y en merito a lo expresado, insta al Poder Ejecutivo Provincial a que arbitre los medios necesarios para consolidar la división de poderes, adoptando medidas tendientes para garantizar los principios de independencia judicial e intangibilidad de las remuneraciones de la Magistratura y Función Judicial.