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Corrupción «M» | Citan a indagatoria a los ex ministros de Macri: Dujovne, Dietrich, Iguacel y Saravia Frías por la causa Macri-Autopistas

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El juez federal, Rodolfo Canicoba Corral resolvió este martes citar a declarar a los ex ministros Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, y también al ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el ex presidente de Vialidad, Javier Iguacel, en la causa que investiga beneficios irregulares del Estados a las concesiones de autopistas de la familia Macri, cuando era presidente. 

La causa fue iniciada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau y podría comprometer seriamente al ex jefe de Estado.

«Este es un primer paso, pero aún faltan dos cosas. La primera es la indagatoria a Macri, cerebro y ejecutor en las sombras de todas las maniobras ilegales que beneficiaron a sus amigos y a él mismo como dueño de parte de las acciones de Autopistas del Sol», sostuvo Tailhade .

Este es un primer paso, pero falta la indagatoria a Macri y recuperar los 500 millones de dólares que el Estado le entregó a Autopistas del Sol y los 250 millones a Autopistas del Oeste. Esos 750 millones de dólares que Macri les regaló a sus amigos, tienen que volver al Estado».

En la denuncia los diputados habían pedido investigar el pago de 500 millones de dólares a Autopistas del Sol (Ausol) como concesionaria, pese al rechazo del ex Procurador del Tesoro.

La empresa tiene como accionista a Sideco, que pertenece a las Sociedades Macri y como se reveló en exclusiva los nexos societarios llegan hasta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, amigo de Macri y dueño de la constructora Abertis.

Según la denuncia, Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

Informes del disuelto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi) señalaban que esos pagos eran improcedentes debido a maniobras de evasión impositiva, obras incumplidas, distribución encubierta de dividendos e injustificables niveles de endeudamiento. Sin embargo, según los denunciantes fueron ignorados por la gestión de Javier Iguacel cuando estuvo al frente de Vialidad Nacional.

Tailhade señaló en su momento que «esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios» y que la presentación ante el CIADI «sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo».

Ausol fue una de las históricas empresas del Grupo Macri y a mediados de 2017 vendió sus acciones luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Macri como presidente.

Los diputados denunciaron además una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste. Cobró 245 millones de dólares del Estado, gracias a la renegociación integral de los contratos de concesión, que según los diputados kirchneristas benefició a sus accionistas con incrementos desmedidos de tarifas.

La denuncia quedó radicada ante el juzgado de Canicoba Corral e intervino el fiscal Carlos Stornelli, a quien los denunciantes pidieron apartar cuando quedó implicado en la causa por espionaje ilegal instruida por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Canicoba, a quien la diputada Graciela Camaño salvó de un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, también citó a indagatoria a Ricardo Stoddart, ex jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos en Dirección Nacional de Vialidad y Andrés Alfonso Barberis Martín, presiente de Autopistas del Sol desde el año pasado.

Este martes Canicoba les prohibió la salida del país a los cuatro ex funcionarios macristas para «garantizar la comparecencia» y aclaró que la indagatoria la hará por videollamada en el marco de la cuarentena, pero no estableció la fecha.

Para comunicarles la decisión a Dujovne y Saravia Frías, el magistrado dispuso la intervención de la división de lavado de activos de la Policía Federal para que les informe que deben ponerse a disposición de la justicia en los próximos tres días, a Iguacel le enviaron un oficio y al resto una cédula electrónica.