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Internas en el gobierno: la Oficina Anticorrupción recomendó a Aranguren que venda sus acciones de Shell

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La oficina Anticorrupcion a cargo de la oficialista Laura Alonso, instó esta mañana, al ministro a que se desprenda de su participación societaria en la multinacional y «evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores»

Como se sabe, el ministro Juan José Aranguren posee acciones de la empresa Royal Dutch Shell, que adquirió cuando era CEO de la filial local de esa multinacional.

Eso no le impidió asumir como titular de la cartera de Energía y tomar medidas que acabaron beneficiando a esa compañía, como los tarifazos y la compra de gas a Chile, donde Shell tiene preponderancia en el mercado de ese combustible.

Ahora y luego de muchas denuncias sobre la incompatibilidad de su función con su carácter de accionista de la multinacional, la Oficina Anticorrupción (OA) reconoció la grave situación al recomendarle al ministro que se desprenda de sus acciones.

El organismos sustenta su recomendación en el «deber de prudencia» previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública: «El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores».

Además, la OA le hizo saber a Aranguren que deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell (Royal Dutch Shell o cualquiera de sus filiales) y con relación a la fijación de políticas dirigidas específicamente a dicho grupo empresario.

Algo verdaderamente complicado, teniendo en cuenta que estamos ante el funcionario que fija las políticas energéticas del país y ante una empresa que está justamente en ese negocio.

Vale advertir, sin embargo, que en el citado dictamen también estableció que «no hay incompatibilidad o un conflicto de intereses por haber trabajado (Aranguren) antes en una compañía privada y ahora en el sector público», indicó la titular de la OA, Laura Alonso.