Durante los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández, en donde el avance del coronavirus en los penales y los motines dejaron al descubierto la crisis del sistema carcelario, la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios permaneció vacante, y el Servicio Penitenciario Federal estuvo a cargo de Emiliano Blanco, funcionario heredado de gobierno de Mauricio Macri. 

Finalmente, el Presidente anunció hoy que el Servicio Penitenciario será intervenido y quien estará al frente será la ex jueza y miembro de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, quien ocupará la cartera que hasta ahora se mantuvo vacía por una disputa entre los distintos sectores de la alianza del Frente de Todos.

La desconfianza que terminó con la renuncia de Emiliano Blanco llegó del ala kirchnerista del ministerio encabezada por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.

Aunque fue funcionario de Cristina Kirchner, el sector que responde a la Vicepresidencia no le perdonó su permanencia en el cargo durante la gestión macrista. No solo reprochan la sobrepoblación, hacinamiento, malas condiciones de habitabilidad y la falta de condiciones sanitarias acrecentadas durante el macrismo, si no haber permanecido bajo una conducción política a la que la Vicepresidenta Cristina Kirchner acusa de haberla perseguido judicialmente.

Apenas una hora más tarde de que el Presidente anuncie la intervención del Servicio Penitenciario, el penal federal de Ezeiza fue allanado en el marco de una de las causas por presunto espionaje ilegal.

El procedimiento tiene que ver con la posibilidad de que los detenidos del kirchnerismo tuvieran micrófonos en sus pabellones. “Esto fue todo hecho con la complicidad de Blanco”, afirman desde el círculo íntimo de la Vicepresidenta. Mena resistió estos meses de la idea de la titular de la cartera, Marcela Losardo de darle la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios a este ex funcionario, algo que derivó en que esa área permanezca vacante.

«Vamos a designar a una persona al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y, al mismo tiempo, va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal», dijo hoy el Presidente en declaraciones a Radio 10. Y sin dar más detalles agregó: “Es alguien que conozco desde mis 20 años; una persona impoluta en la Justicia”.

El lugar fue ofrecido a María Laura Garrigós de Rébori, ex jueza y ex presidenta de la agrupación Justicia Legítima, que la integran jueces y fiscales afines al kirchnerismo.

Esta ex magistrada conoce al Presidente y a distintos funcionarios, entre ellos a Cristina Caamaño, también miembro de esta asociación que se jubiló para asumir como interventora de la AFI. 

En medio de la polémica por las prisiones domiciliaras concedidas ante la posibilidad de un contagio masivo de coronavirus en las cárceles, la ex magistrada había advertido que el Servicio Penitenciario «no tiene instalaciones sanitarias para responder» ante un agravamiento de la situación y advirtió que «no se los puede condenar a muerte: entonces se trata de disminuir la cantidad de detenidos para poder controlar a los que quedan adentro».

Garrigós de Rébori consideró que «en el mundo entero están mandando a sus casas a todos los que puedan para evitar lo que pueda pasar». Y advirtió: «Si somos tan cortos para no entender que hay que salvar el sistema de salud para evitar lo que sería una catástrofe, es que no apreciamos la vida».

También criticó los cacerolazos de entonces por las liberaciones: «Nunca escuché un caceroleo por los 40 detenidos de lesa humanidad que están n arresto domiciliario, esos si han cometido hechos violentos».