El Ley ómnibus, si es que logra ser ratificado en el Congreso, dispone la posibilidad de privatizar empresas del régimen de sociedades del Estado, luego de que por decreto de necesidad y urgencia se allanó el camino a toda «normativa que impida la privatización de las empresas públicas», según expresó Milei en su discurso.

Es un paso previo para la presentación de pliegos licitatorios de venta de activos del Estado. Habilitando la venta de los paquetes accionarios en poder del Estado, al pasar de la figura de Sociedad Estatal a Sociedad Anónima –como ya sucede con Aerolíneas Argentina—, a través del mercado de capitales y elimina que cada empresa tenga que ser tratada por separado.

En sus considerandos, el DNU expresaba que «es necesario modificar el status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades.

Que este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido».

En el decreto se señala que «desaparecerán las figuras jurídicas de las Sociedades del Estado  y las Sociedades de Economía Mixta” y “se modifica el capítulo del Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696, a los fines de facilitar el traspaso de las acciones de las empresas actualmente estatales a sus empleados».

De esta manera, las obliga a competir como una empresa privada más, desnaturalizando el rol que cumple una empresa pública en un sector considerado estratégico o de interés social, priorizando la ganancia empresaria por sobre el rol de servicio esencial.

El decreto pre-privatizador “comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”. Ahora es parte del proyecto de ley. 

Las firmas sobre las que apunta son, además de YPF y Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos, AR-SAT, AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Coviara, Casa de Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Dioxitek, Educ.ar; Empresa Argentina de Navegación Aérea, Enarsa, Fabrica de Aviones, Intea, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Polo Tecnológico, las radios de las universidades del Litoral y de Córdoba, Radio y Televisión Argentina, Tandanor, Télam, Veng la minera YMAD y Yacimientos Carboníferos Fiscales. 

Es un total de 41 empresas con participación mayoritaria o control total estatal.

En muchas de estas hay fuertes intereses privados por quedarse con su control y entre los posibles compradores suenan con fuerza grandes fondos de inversión con tenencia de deuda argentina, como Blackrock.

Una historia que ya vimos

Entre los años setenta y principio de los ochenta la economía argentina había incrementado su endeudamiento en moneda extranjera, lo que agudizó su restricción externa. El estallido fue acompañado por una severa crisis fiscal motivada por la estatización de la deuda externa privada y el deterioro de varias fuentes de financiamiento utilizadas por el Estado durante décadas. Con la crisis fiscal las autoridades comenzaron a recortar indiscriminadamente (y por lo tanto irracionalmente) los gastos. Aquí un proceso similar al de endeudamiento y posterior ajuste brutal del macrismo, en una primera aproximación.

En aquel contexto de los 90, la factibilidad de estrategias orientadas a recuperar empresas estatales o de estrategias mixtas alternativas (incorporación de capital privado, reconversiones de modelos de cooperativas) se fue debilitando.

La situación patrimonial de la mayoría de las empresas estatales llegó a un punto crítico, la calidad de los servicios se deterioró. Segunda comparación: el desfinanciamiento de empresas del Estado que llevó también a cabo el macrismo.