En la Alcaldía de Taco Pozo, por ejemplo, el 10% tiene una pensión no contributiva por invalidez labora. La causa ya tiene nueve imputados, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, eran aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “En Taco Pozo el 97 por ciento de esas pensiones son truchas”, informó el fiscal Guillermo Marijuan al ser consultado.

La Agencia Nacional de Discapacidad y el fiscal Guillermo Marijuan revelaron un mecanismo de corrupción que perjudica al Estado por 3.400 millones de dólares anuales. Las bajas en los próximos meses podrían llegar a las 160.000 y alcanzar las 500.000.

Investigaciones judiciales y una auditoría del Gobierno puso en relieve las arbitrariedades y los abusos que existieron durante más de una década y media en la entrega de pensiones no contributivas por discapacidad laboral y que han puesto en riesgo el normal funcionamiento de una de las áreas más sensibles destinada a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, como niños con Síndrome de Down, Autismo, Trastornos del Espectro Autista como, Síndrome de Asperger, retraso mental y retraso madurativo, entre muchísimas otras. Las investigaciones revelan un aceitado esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios; y la displicencia con la que se otorgaban estos beneficios a quienes no lo necesitaban en desmedro de personas que durante años han intentado obtener la subvención, que representa el 70% de una jubilación mínima y fueron rechazados.

Los resultados revelan casos inverosímiles. Un expediente, por ejemplo, presentó como diagnóstico un poema de Gabriela Arias Uriburu y Paula Wassner; la radiografía de un perro, como mostro el portavoz presidencia Manuel Adorni, o cómo expuso el fiscal federal Guillermo Marijuan: “cientos de expedientes que compartían un mismo estudio médico, como radiografías, análisis clínicos, certificados sin nombre y firmas médicas, certificados apócrifos y médicos denunciando el uso de su matrícula para confeccionar certificados irregulares”.

La foja 13 de la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan: una radiografía de un perro y un poema como certificados médicos para acceder a una pensión no contributiva por discapacidad laboral

Si bien, como anticipo este medio, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado Diego Spagnuolo, comenzó a relevar unas 400.000 pensiones otorgadas en la provincia de Buenos Aires y CABA; y después avanzará sobre el resto del país para completar las más de 1.250.000 existentes, estudios previos revelan que en los próximos meses se podrían dar de baja entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios y el número final podría llegar al medio millón.

Un informe de la ANDIS afirma que durante la gestión de Alberto Fernández “El desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”.

El dolo por estas maniobras fueron estimadas en uno “3.400 millones de dólares anuales”; y explican que la red corrupta solo podría haber funcionado porque: “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoria medica”.

“Más personas con invalidez que en Ucrania”, le dijo a Infobae el fiscal federal de Chaco, Carlos Amad quien investiga dos causas que involucran a más de 24.000 pensiones otorgadas en los últimos cuatro años en 37 localidades chaqueños.

En la Alcaldía de Taco Pozo, por ejemplo, el 10% tiene una pensión no contributiva por invalidez labora. La causa ya tiene nueve imputados, entre ellos el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, eran aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “En Taco Pozo el 97 por ciento de esas pensiones son truchas”, informó el fiscal al ser consultado.

El fiscal Guillermo Marijuan denunció graves irregularidades en el otorgamiento de pensiones por discapacidad laboral Foto NA: MARIANO SANCHEZ

Entre los diagnósticos falsos acreditados por los galenos, en los certificados figuraban dolencias como “Mal de Chagas”, “diabetes”, “traumatismo de raíz nerviosa de la columna lumbar y sacra”.

Amad descubrió familias completas con certificados de discapacidad laboral, entre ellos menores y personas sin ningún tipo de enfermedad y discapacidad física que eran empleados de la misma municipalidad.

El fiscal secuestro cuadernos en la casa de alguno de los imputados dónde estaba asentado el pago de coimas para iniciar el trámite y hasta el diagnóstico que debía escribir el médico.

Otros ejemplos de la vergüenza

Si bien la radiografía del perro mostrada por Adorni en su conferencia de prensa matutina usada para gestionar una pensión por invalidez trucha, hay otras que figuran en la auditoría de la ANDIS y de la denuncia del fiscal Marijuán que no dejan de ser igual de escandalosas.

• En 157 expedientes se detectó la radiografía de un “mismo hombro roto”.
• Hay “radiografías bajadas de Google”.
• Se detectaron “constancias de análisis de laboratorios repetidos”.
• En un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, se reprodujo un poema de Gabriela Arias Uriburu y Paula Wassner, titulado ‘La Herida’. El primer verso dice: “¿Qué curioso verdad? Que la fuerza vital de una mujer pueda seguir creciendo, aunque ella esté aparentemente muerta”.
• 100.000 niños cobraría una pensión por invalidez laboral
• 25.000 fueron beneficiadas, aunque en la actualidad trabajan y no tienen discapacidad
• 60.000 presentan incompatibilidad de requisitos, entre ellas hay personas con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión.
• 30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.

Cuadernos secuestrados en la investigación de Chaco en los que se anotaban las «coimas» abonadas para acceder a una pensión «trucha» y el diagnóstico que debían poner en el certificado médico

En su escrito el fiscal Marijuan describió: “En este contexto, las provincias más beneficiadas habrían sido las de gobernadores de Unión por la Patria: Chaco (gobernador Jorge Capitanich); Formosa (gobernador Gildo Insfrán); Santiago del Estero (gobernador Gerardo Zamora); Tucumán (gobernador Juan Luis Manzur), Misiones (gobernador Oscar Herrera Ahuad) y Buenos Aires (gobernador Axel Kicillof)”.

A párrafo seguido el fiscal agregó: “En las provincias en las que el Gobernador no era ‘amigo, por ejemplo, Corrientes (gobernador Gustavo Valdés), posiblemente acordaban sus planes con los intendentes”.

Para Guillermo Marijuan “todo este escenario normativo demuestra un evidente desprecio por la cuestión publica y el cuidado de una correcta administración del erario público”.

“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirman las autoridades de la ANDIS en diálogo con este medio y enfatizan: “Se encontró un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”.

Desde la Casa Rosada describen: “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.

Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la ANDIS.

Durante el gobierno de Mauricio Macri la cifra se mantuvo constante, pero en la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.

Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS ordenó auditar la totalidad de las pensiones por discapacidad laboral otorgadas (Fuente)

Sobre este tema, el fiscal Marijuan afirma que: “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”.

Un alto funcionario del Gobierno le dijo a este medio: “Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”.