Incertidumbre, temor, cansancio, lucha y bronca es lo que sienten los más de 400 trabajadores de la Secretaría de Vivienda que se quedaron desde marzo en la calle. Según puedo saber este medio, la decisión del oficialismo de cerrar el organismo dejará, además de cientos de despidos directos e indirectos, unas 125.000 viviendas totalmente paralizadas, eliminando programas de acceso a un techo, obras básicas de servicios públicos, y hasta dejando la puerta abierta a futuros juicios contra el Estado por el incumplimiento, local e internacional, de los compromisos asumidos.

Pese a los intentos de diálogo con los funcionarios del gobierno de Javier Milei y las permanentes movilizaciones, los trabajadores no lograron ser escuchados en sus reclamos, tanto desde la situación laboral como por la decisión que entienden afectará a miles de familias argentinas, actividades económicas y regiones del país. 

“No hay ninguna resolución al tema, ninguna respuesta, somos 400 trabajadores que vamos a pasar a engrosar la lista de miles de desocupados” dijo en diálogo  Alejandra Basso, delegada de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

En ese sentido agregó, “es la muerte de la política de hábitat, es el riesgo de tener rutas en mal estado, que nuestros hijos no tengan una vereda para caminar o una canilla con agua potable, ¿Quién se lo va a hacer si no es el Estado?”, planteó.

Según los datos disponibles se estima que “se están dejando paralizadas obras que ya demandaron más de 3.000 millones de dólares sumado a los fondos internacionales, todo esto mientras unas diez millones de personas no tienen casa propia en nuestro país. Esta decisión incumple con el artículo 14 de la Constitución, que dice que el Estado garantizará el acceso a la vivienda”, agregó la dirigente de ATE.

A merced de cada quien

El gobierno nacional avanzó en estas semanas, a través del Decreto 70/2025, con la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y un conjunto de direcciones, subsecretarías y programas que desaparecerán o, en algún caso, quedarán bajo la órbita de Obras Públicas. 

La medida que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, festejó como parte de serie de cambios de lo que llamó la “Motosierra 2.0″ implica el desmantelamiento total del área y se suma a la eliminación, también por decreto, del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR) y del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. 

A la vez que se profundizó en la desintegración del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que, como contó este portal, provocó la paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a más de 300.000 familias.

¿Qué implica la nueva medida? Son varios los factores a dimensionar si se tiene en cuenta que destruirá empleos directos e indirectos, afectará a cientos de familias respecto del acceso a servicios públicos esenciales (agua, cloacas, luz) suspenderá la regularización dominial, así como la construcción de vivienda, centros de salud y espacios comunitarios, y hasta podría implicar demandas millonarias al Estado por el incumplimiento de fondos internacionales prestados.

Respecto de la situación de las y los trabajadores del sector son al menos 400 los empleados de la Secretaría que quedan desde marzo en la calle, sumado a otros miles de empleos indirectos que se verán afectados (se estima unos 400.000 privados como plomeros, gasistas, arquitectos, agrimensores, contadores y trabajadores en general de la construcción).

“El impacto es devastador, desde este mes pasamos a engrosar la lista de desocupados”, señaló en diálogo con este medio Alejandra Basso, delegada de la secretaria de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

A la desesperación de las familias trabajadoras hay que sumar otra serie de impactos económicos y sociales. En ese sentido, se alertó que quedarán más de 100.000 viviendas sin terminar. 

“Lamentablemente tenemos 125.000 soluciones habitacionales en diferentes estados de ejecución desde al 100%, 80%, 50%, en diferentes lugares en toda la Argentina, que no se van a concretar dejando, inclusive, a las constructoras sin cobrar”, explicó la delegada de ATE Capital y dijo que “si bien algunas intendencias o provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires, están pidiendo las obras para continuarlas, el gobierno no las otorga”.

Sobre esto remarcó “es algo nunca visto, dejar de pagar a constructoras, cooperativas, pymes, municipalidades, todo eso además puede derivar en un proceso judicial”. 

En relación, aparece la situación de los hogares con créditos otorgados para vivienda. “Vos tenías un lote propio, entonces el Estado te daba un crédito vía el Hipotecario para que hagas tu vivienda.

Por ejemplo, hay gente a la que le han dado un 30% del dinero en 2023 y tenían que demostrar un avance de obra con arquitecto, con constructora, muchos presentaron esos avances en 2024 y, ya con este gobierno, no les pagaron más y se les cayó el crédito, por lo que quedaron con la deuda del banco y de la constructora. Hay más de 2.000 casos que están en esa situación”, comentó con preocupación Basso. Y remarcó “estas familias quedaron en la nada: no tienen la casa, y encima están endeudados y sin respuestas”. 

En ese sentido, la gremialista explicó que todo ello implicó que el Estado “gastara unos 3.000 millones de dólares que, por dejar ahora todo parado, termina siendo plata tirada”.

Otro aspecto tiene que ver con los fondos internacionales, “miles y miles de millones de dólares en juego para financiamiento de obras al largo de los años, que cuando se avanza en la obra hay que dar cuenta de ello y devolver la plata”, indicó la delegada y agregó que “estamos en alerta roja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por este motivo”. 

Para la trabajadora de 30 años de antigüedad en su puesto “se trata de una decisión política ya que desde que asumió Milei decidieron paralizar todo y no le pagaron a nadie, ni siquiera a las provincias que les prometieron, con el Pacto de Mayo, ir haciéndolo. A esto se suma la realidad de los precios ya que subió la bolsa de cemento, el combustible, el ladrillo en todo este tiempo”. 

Finalmente, ante la ausencia total de respuestas desde el gobierno nacional, Basso subrayó “vamos a ir a la justicia no solo por los trabajadores sino porque también rompen un derecho constitucional inalienable”.

Los números de la crisis habitacional

Mientras La Libertad Avanza insiste en el desmantelamiento de áreas clave del Estado que permitían la realización de obras para mejorar la vida de las familias argentinas, los datos ponen sobre la mesa la grave crisis habitacional en el país y la necesidad de políticas públicas, a la inversa del retiro total del Estado.

En detalle: 1 de cada 3 hogares argentinos no cuenta con condiciones adecuadas por falta de servicios básicos y vuelve en condición de hacinamiento, 2,6 millones de viviendas demandan ampliación y mejoras, las grandes urbes se expanden 1,5 veces más que el crecimiento real de la población, en diez años bajó ocho puntos el porcentaje de quienes tienen un techo propio y, como contracara, aumentó la cantidad de población inquilina que llega al 21% en el país, al menos 8 millones de habitantes.

El diagnóstico realizado por las organizaciones CIPPEC, TECHO y ACIJ evidenció que mientras el gobierno nacional avanza en la desregulación del mercado inmobiliario los hogares no llegan a pagar un techo donde vivir y crece el número de quienes están en situación de calle. 

En lo concreto, desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley nacional de Alquileres, el 87% de los hogares se enfrentó a aumentos en el precio iguales o menores a seis meses, a la par que se impusieron contratos cortos (por debajo de un semestre en el 25% de los casos), sumando a que los precios “liberados” llevaron a que el porcentaje  de ingresos que destinan los hogares al pago de una vivienda escalara al 42% en el último tiempo, y finalmente, terminó creciendo el endeudamiento familiar, superando a más de la mitad de quienes alquilan (Encuesta Nacional Inquilina).