La medida afecta directamente a los pacientes oncológicos, quienes ya enfrentan las consecuencias del ajuste en medicamentos y tratamientos contra el cáncer. 

El gobierno nacional ha decidido eliminar el Instituto Nacional del Cáncer (INC), decisión que se suma a una serie de despidos, recortes y suspensiones de programas en el ámbito de la Salud Pública, así como a la interrupción en la compra de medicamentos esenciales.

   El cierre del INC implica que sus funciones y presupuesto serán transferidos al Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, quien también preside la prepaga Sanatorio Güemes. Esta medida profundiza la desfinanciación del sector salud, ya golpeado por la no renovación de 1.400 contratos y la renuncia masiva de médicos debido al ajuste y vaciamiento de programas nacionales, como el de vacunación.

   Previamente, el gobierno había desmantelado el Programa de Cuidados Paliativos del INC, suspendiendo la compra de opioides necesarios para el tratamiento de pacientes con cáncer en etapa terminal y otras enfermedades graves.

Como justificación, el gobierno alegó una «superposición de funciones» del INC con otros organismos y denunció «compras ineficientes», a pesar de que la falta de entrega de medicamentos por parte del Estado había generado crisis en el sector y, en muchos casos, la muerte de pacientes.

   El INC desempeñaba un rol crucial en la detección temprana, el tratamiento y la rehabilitación de personas con cáncer, además de fomentar la capacitación de profesionales en oncología y supervisar el sistema de vigilancia epidemiológica. La centralización de estas funciones en la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud deja el presupuesto del INC en manos de un empresario vinculado a la medicina privada, lo que genera preocupación sobre el destino de los recursos.

   Este cierre ocurre en un contexto de aumento en los casos de cáncer, agravado por el ajuste presupuestario y la eliminación de políticas y campañas de detección temprana, así como por la falta de cobertura de tratamientos. Los trabajadores del sector y sus organizaciones han respondido con movilizaciones, como la jornada de lucha nacional del 27 de febrero, para denunciar los recortes, despidos, cierres y el deterioro de las condiciones laborales y salariales.