La Policía Federal allanó el domicilio de Jair Bolsonaro ante el riesgo inminente de una fuga en medio del avance del juicio por el intento de golpe en 2023.
Se adelantó la semana pasada que la Corte Suprema evaluaba ordenar la prisión preventiva por este motivo pero finalmente esa opción se descartó para avanzar en una decisión intermedia de implementar al tobillera.
La Policía Federal también encontró cerca de 14 mil dólares que, según la investigación, podría ser utilizado para el escape. Tener dinero en efectivo en casa no es ilegal, pero las cantidades superiores a US$10.000 deben declararse a la Hacienda Pública Federal si la persona entra o sale del país con esa cantidad.
Entre las restricciones impuestas por Alexander De Moraes incluye la prohibición para acceder a las redes sociales, impedimento para comunicarse con Eduardo Bolsonaro y el monitoreo las 24 horas. Asimismo, se encontró una memoria USB y teléfono celular oculta en un baño que fue llevado al laboratorio de la Policía Federal y será analizado por peritos forenses.
El hijo de Bolsonaro también será objetivo de investigación por obstrucción de la justicia y atentar contra el país por haber defendido e impulsado medidas coercitivas contra Brasil. Eduardo tendría que volver la semana que viene a Brasil porque se le vence la licencia como diputado pero ante la posibilidad de recibir una prisión preventiva se especula con que renunciará a su cargo para quedarse en Estados Unidos.
A su vez, no se le permite acercarse a ninguna embajada ante la posibilidad de pedir refugio en alguna sede diplomática de gobiernos amigos como Estados Unidos, Argentina o Hungría.
Las alarmas se encendieron no por la jugada de Trump por un supuesto pedido del gobernador de San Pablo, Tarcisio Gomes da Freitas, para que la justicia autorice el viaje de Bolsonaro a Estados Unidos para negociar personalmente con Trump y capitalizar un eventual levantamiento de los aranceles.
La Policía Federal también encontró cerca de 14 mil dólares que, según la investigación, podría ser utilizado para el escape. Entre las restricciones impuestas por Alexander De Moraes incluye la prohibición para acceder a las redes sociales, impedimento para comunicarse con Eduardo Bolsonaro y el monitoreo las 24 horas.
Fuente cercanas a la causa, «no hay clima político en el STF para hacer un acuerdo con la pistola de Trump en su cabeza». Sobre esta base, la lectura de Moraes y buena parte de los jueces supremos es que el bolsonarismo busca una intervención de Trump para revertir la situación judicial o forzar una fuga para instalarse en Estados Unidos como perseguido político.
La noche del jueves, Trump escribió y publicó una nueva carta, esta vez dirigida directamente a Bolsonaro, en la que afirma que el proceso en su contra debe finalizar «¡inmediatamente!». «He visto el terrible trato que recibe a manos de un sistema injusto», declaró el estadounidense en una carta con membrete de la Casa Blanca publicada en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

El gobierno de Trump también amenaza con imponer sanciones al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, ponente en el caso penal en el que Bolsonaro está acusado de intento de golpe de Estado en Brasil.
No se le permite acercarse a ninguna embajada ante la posibilidad de pedir refugio en alguna sede diplomática de gobiernos amigos como Estados Unidos, Argentina o Hungría.
La respuesta de la justicia, a través de la Fiscalía General, fue acusar a Bolsonaro de cometer los delitos de tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave contra patrimonio federal, deterioro de bienes catalogados y participación en organización criminal.
Estos delitos podrían derivar en una condena de mas de 40 años de cárcel para el ex presidente y los otros 7 acusados.
Lula dio un mensaje televisivo en donde acusa de «traidores a la patria» a los Bolsonaro, dijo no estar dispuesto a «aceptar chantajes» y anuncia que apelará a la OMC y todos los instrumentos legales para enfrentar los aranceles.
El presidente brasileño se está fortaleciendo de esta pelea, con un notorio crecimiento en las encuestas y la unidad de todos los sectores institucionales contra los aranceles.
Alexander De Moraes levantó el secreto de sumario y publicó el documento, al que accedió LPO, donde explica los detalles de la medida que será sometido a votación en el pleno del máximo tribunal.
En ese documento se revela el lobby que hizo Bolsonaro con el gobierno de Estados Unidos violando la soberanía de Brasil. El texto dice «es importante destacar que JAIR MESSIAS BOLSONARO confirmó haberse reunido con el Asesor Principal del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, RICARDO PITA, el 6 de mayo de 2025, enfatizando que el contenido de la conversación era confidencial».

«Al publicar un comunicado en sus redes sociales, JAIR MESSIAS BOLSONARO declaró que la alerta ha sido dada y ya no hay margen para omisiones, y agregó una solicitud a las Potencias para que actúen con urgencia y presenten medidas para restablecer la normalidad institucional», agrega De Moraes.
Es importante destacar que JAIR MESSIAS BOLSONARO confirmó haberse reunido con el Asesor Principal del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, RICARDO PITA, el 6 de mayo de 2025, enfatizando que el contenido de la conversación era confidencial
El documento remarca que «al comentar una publicación del presidente estadounidense sobre Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro anunció la inminente posibilidad de sanciones contra las autoridades brasileñas y el Estado brasileño por presunta persecución política, demostrando una vez más que está trabajando para lograrlo».
También, continúa, destacó que: «Confirmando también su papel en la coerción premeditada de Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, en una publicación en la red social Instagram, demostró que interfirió en el aumento de tarifas anunciado por el gobierno estadounidense. Lanzó nuevas amenazas a los Poderes Constituyentes, afirmando que «la escalada de abusos, censura y persecución política debe cesar. La advertencia ha sido dada y ya no hay margen para omisiones».
De Moraes sentencia que «la implementación del aumento de las tarifas tiene como finalidad la creación de una grave crisis económica en Brasil, generar una presión política y social en el Poder Judicial e impactar en las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos así como la interferencia en el avance del AP 2.668/DF, que se encuentra en la etapa de alegatos finales».
«La conducta de Eduardo Bolsonaro y Jair Bolsonaro constituye actos claros y expresos ejecutivos y flagrantes de la comisión de actos delictivos, especialmente los delitos de coacción durante el proceso, obstrucción a la investigación de delitos que involucran a una organización criminal y atentados contra la soberanía y continúa, siempre con el objetivo de inducir, instigar y asistir a un gobierno extranjero a cometer actos hostiles contra Brasil y el intento manifiesto de sometimiento del Supremo Tribunal Federal a los Estados Unidos de América, con el propósito de «archivar/desestimar» el AP 2668, actualmente en trámite en este Supremo Tribunal, y uno de cuyos coacusados se encuentra Jair Bolsonaro», concluye.