ATE, la UOM, gremios aeronáuticos y aceiteros encabezan una estrategia de movilizaciones en Córdoba y Rosario. Denuncian que la iniciativa del Gobierno “ataca derechos históricos” y advierten sobre un escenario de creciente confrontación social.
El sindicalismo argentino abrió un nuevo capítulo de confrontación con el Gobierno nacional al anunciar un plan de lucha contra la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, aunque sin convocar, por el momento, a un paro general en todo el país.
La protesta se articula a partir de un frente de unidad entre sindicatos del sector público y privado, que prevé movilizaciones nacionales el 5 de febrero en Córdoba y el 10 de febrero en Rosario, con el objetivo de visibilizar el rechazo al proyecto y presionar a los gobernadores para que no acompañen la iniciativa en el Congreso.
“Tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. No es una reforma contra los trabajadores: es una reforma contra la Argentina”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su cuenta en la red social X.
Unidad sindical y advertencias políticas
Aguiar anticipó que ATE, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los gremios aeronáuticos, aceiteros y otras organizaciones sindicales avanzarán con acciones coordinadas para frenar el proyecto oficial. En ese marco, advirtió que el Gobierno “cruzó una línea roja” y comparó el escenario actual con el conflicto que generó la reforma previsional durante la gestión de Mauricio Macri.
“No hay que descartar que esta reforma laboral sea para Milei lo que la previsional fue para Macri. El empecinamiento en destruir a los sindicatos y los derechos laborales puede acelerar el desgaste político del oficialismo”, sostuvo el dirigente estatal.
Rechazo a los cambios en la legislación laboral
En los últimos meses, el movimiento obrero intensificó las medidas de fuerza frente a una reforma que modifica la Ley de Asociaciones Sindicales, introduce nuevas exigencias para la realización de asambleas y redefine el rol de los delegados gremiales. Según las centrales obreras, estos cambios debilitan la negociación colectiva y restringen el derecho a la organización sindical.
La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y gremios enrolados en la CGT confirmaron que, además de las movilizaciones ya anunciadas, realizarán paros con movilización el día en que la reforma sea tratada en el Congreso, como parte de una estrategia escalonada de presión política y social.
Protestas federales y clima de conflictividad
Las protestas ya comenzaron a replicarse en distintas provincias. En Río Gallegos, Santa Cruz, sindicatos como UOCRA, ATSA, SOEM, SEMCO y UPCN, junto a organizaciones sociales y políticas, realizaron movilizaciones locales contra el proyecto. Escenas similares se repiten en otros puntos del país, reflejando el malestar de trabajadores de la construcción, la salud, los servicios y la administración pública.
Desde los gremios advierten que la reforma afecta garantías laborales básicas y limita el derecho de huelga, lo que podría profundizar el conflicto social en un contexto económico ya marcado por la recesión y la pérdida del poder adquisitivo.
Un conflicto clave en el inicio de 2026
Aunque por ahora no hay un llamado formal a un paro general, el endurecimiento del discurso sindical y la coordinación entre las principales centrales obreras marcan un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero. Las acciones previstas para febrero podrían definir el rumbo del conflicto en el inicio de 2026 y anticipan un escenario de alta tensión política y social en torno a la reforma laboral.
