Abogados desplazados, control de canales oficiales y cuestionamientos al proceso electoral, la falta de Asambleas, la aprobacion de balances y otras irregularidades que generan una fuerte polémica institucional
Una grave controversia institucional sacude al Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, tras la decisión de la actual Comisión Directiva de intervenir institutos internos, desplazar a sus autoridades y asumir el control de los canales oficiales de comunicación, en un contexto marcado por denuncias de irregularidades electorales, censura y hostigamiento institucional.
La conducción del Colegio —que prorrogó su mandato por más de un año sin convocar a Asamblea— resolvió dejar sin efecto las funciones de los directores de tres institutos clave:
- Instituto de Derecho Penal
- Instituto de Derecho Público Provincial y Municipal
- Instituto de Derecho de Daños
Los abogados afectados son Ignacio Sinkovich, Cecilia Rivero y Gustavo Ferreyra, quienes habían cuestionado públicamente el proceso electoral y el funcionamiento democrático de la institución, tanto en ámbitos internos como ante medios de comunicación.
Resolución cuestionada y acusaciones de censura
La medida fue formalizada mediante la Resolución N.º 1/2026, emitida el 5 de enero, en la que la Comisión Directiva invoca una supuesta “ruptura del principio de confianza y lealtad institucional”. Entre los fundamentos se mencionan expresiones vertidas por los letrados en grupos oficiales y no oficiales de WhatsApp, así como declaraciones periodísticas, calificadas por la conducción como agravantes y difamatorias.
Sin embargo, numerosos matriculados advierten que la resolución constituye una sanción encubierta contra quienes expresaron disidencias, lo que ha encendido las alarmas por un posible avance sobre la libertad de expresión y el pluralismo interno.
Intervención de grupos oficiales de WhatsApp
Uno de los hechos que generó mayor preocupación entre los abogados fue la designación de una “interventora” para administrar los grupos oficiales de WhatsApp de los institutos, desplazando a las autoridades designadas por los propios integrantes.
La medida ya fue aplicada en el Instituto de Derecho Público, donde se retiró la administración del grupo a la Dra. Cecilia Rivero, y se extendió a los demás institutos, consolidando un control centralizado de la comunicación institucional.
Renuncia y denuncias de hostigamiento
En este clima de creciente tensión, se sumó la renuncia de la Dra. Celeste Segovia como Directora del Instituto de Niñez, Adolescencia y Familia, quien expresó haberse sentido hostigada por la actual conducción, profundizando las críticas internas y el malestar entre los colegiados.
Contradicciones y cuestionamientos electorales
Las decisiones adoptadas por la Comisión Directiva contrastan con declaraciones previas del actual presidente del Colegio, José René Galassi, quien el 8 de diciembre, en una entrevista con Diario Norte, afirmó públicamente que ya había sido reelecto presidente, pese a que la elección se realizó casi veinte días después.
Este antecedente es citado por sectores críticos como parte de un proceso institucional opaco, que habría erosionado la confianza en los mecanismos democráticos del Colegio.
Preocupación por el clima democrático
Si bien la Comisión Directiva sostiene que posee facultades estatutarias para designar y remover autoridades de los institutos, numerosos abogados interpretan estas decisiones como una intervención indebida, que afecta la autonomía de los institutos, la pluralidad de ideas y la libertad de expresión.
El conflicto ha generado una creciente preocupación por el deterioro del clima democrático, el descrédito público de la institución y el impacto que estas prácticas podrían tener en la vida institucional del Colegio de Abogados de Resistencia.
Fuente: Infoqom
