Alumnos de la UEGP N° 173 «Enfermero Carlos C. Romero», institución dependiente del sindicato estatal UPCP, se encuentran en estado de asamblea y alerta. Denuncian un incremento desmedido en los aranceles que comenzará a aplicarse retroactivamente desde enero de 2026, junto con una serie de irregularidades administrativas que apuntan directamente a la conducción de José Niz.
Un ajuste asfixiante: Cuotas al doble y cobros en vacaciones
La comunidad educativa calificó de «intempestiva y abusiva» la nueva estructura de costos. A partir de este mes, la inscripción se fijó en $10.000, mientras que las cuotas mensuales saltaron de forma abrupta:
- Alumnos afiliados: de $20.000 a $40.000.
- Alumnos no afiliados: de $25.000 a $50.000.
Lo que más indignación genera es la exigencia de abonar la cuota de enero, un mes en el que tradicionalmente no hay actividad académica ni administrativa, una práctica calificada como «inédita y recaudatoria» por los estudiantes.
Opacidad financiera: ¿Por qué solo aceptan efectivo?
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia radica en el sistema de cobro. Según los testimonios, la institución solo acepta pagos en efectivo, rechazando transferencias bancarias o medios electrónicos. Esta práctica, además de ser una traba logística para los alumnos, levanta sospechas sobre la transparencia fiscal y la trazabilidad de los fondos en una entidad que, irónicamente, recibe subsidios del Estado provincial.
Falta de información pública y balances «fantasma»
Los denunciantes aseguran que bajo la gestión de José Niz se ha consolidado un «muro de silencio» institucional:
- Inexistencia de Balances: No hay acceso a los estados contables ni al destino de los millonarios ingresos por cuotas y subsidios.
- Vacío Legal: Los alumnos desconocen el estatuto institucional y la situación fiscal real (CUIT) de la entidad.
- Sin Diálogo: No existieron instancias de consulta previa antes de aplicar el «tarifazo» del 100%.
El marco legal: ¿Qué leyes estaría violando la UEGP N° 173?
La situación pone a la institución en el ojo de la tormenta legal. Expertos consultados señalan que se estarían vulnerando normativas clave:
- Ley de Educación Nacional (N° 26.206): El Estado debe garantizar la equidad y transparencia, incluso en gestiones privadas con aporte estatal.
- Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240): El artículo 4 obliga a brindar información clara, mientras que el artículo 37 prohíbe prácticas que generen desequilibrios abusivos.
- Razonabilidad y Gradualidad: La normativa provincial prohíbe aumentos que pongan en riesgo la continuidad pedagógica de los alumnos.
Pedido de intervención urgente al Ministerio de Educación
Ante lo que consideran una «mercantilización de la educación pública bajo gestión privada», los estudiantes iniciarán presentaciones ante:
- El Ministerio de Educación del Chaco (para auditar los límites arancelarios).
- Defensa del Consumidor (por prácticas abusivas y falta de medios electrónicos de pago).
- AFIP / ATP (por la irregularidad de los cobros exclusivamente en efectivo).
“Es inadmisible que un sindicato que debe defender a los trabajadores use una escuela para asfixiar a los futuros enfermeros con un manejo financiero sombrío”, sentenciaron los delegados estudiantiles.
