La justicia federal avanzó con firmeza contra una organización criminal que operaba bajo la fachada de una casa de repuestos en Resistencia. Tras una compleja investigación iniciada en 2025, el Juez de Garantías Aldo Mario Alurralde formalizó la imputación contra cuatro personas y una sociedad por acciones simplificadas (SAS), acusadas de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.

El «clavo» de los 350 millones: el inicio del fin

La caída de esta estructura comenzó el 28 de marzo de 2025 en un control de Gendarmería sobre la Ruta 11, en el paraje santafesino El Timbó. Allí, un Toyota Corolla Cross que provenía de Chaco con destino a Buenos Aires fue interceptado. Los agentes notaron irregularidades en el tablero y, ante la evidencia, el conductor confesó: «No me rompan la camioneta, yo les muestro».

Ocultos detrás del sistema de sonido, las rejillas de aire acondicionado y la palanca de cambios, se hallaron 357.210.000 pesos en efectivo. Lo que parecía un transporte aislado resultó ser el hilo de una red mucho más profunda.

Fachada comercial y logística sofisticada

La fiscalía, a cargo de Roberto Salum y Bruno Ojeda, demostró que la maniobra contaba con una planificación quirúrgica:

• La Pantalla: Utilizaban una empresa de repuestos de autos y motos en Resistencia para justificar el movimiento de dinero.
• Documentación Pre-constituida: Llevaban autorizaciones certificadas por escribano para transportar hasta 800 millones de pesos, una estrategia de «resguardo» ante posibles controles.
• Frecuencia Inusual: Informes de tránsito revelaron que el vehículo viajaba cada dos días a Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, una actividad imposible de sustentar con el comercio de repuestos.

Allanamiento en la sede de Resistencia

El pasado 18 de febrero, fuerzas federales allanaron las oficinas de la firma en la capital chaqueña. El resultado fue contundente: secuestraron máquinas contadoras de billetes, fajos de dólares y euros, y talonarios de recibos que confirmaron que allí funcionaba una «cueva» cambiaria sin autorización del Banco Central.

Consecuencias legales y embargo histórico

El Juez Alurralde impuso un embargo preventivo de 2.000 millones de pesos para asegurar las posibles penas y decomisos. Los imputados —el conductor, los socios de la empresa y un cuarto colaborador— tienen prohibido salir del país y deben presentarse mensualmente ante la justicia.

La causa, caratulada como lavado de activos por receptación e intermediación financiera no autorizada, marca un precedente en la región por involucrar directamente la responsabilidad penal de una sociedad comercial.