Una deuda millonaria de la obra social IOSFA dejó a miles de afiliados «cautivos» y sin atención en clínicas privadas. Denuncian que la transición a la nueva prestadora agravó el abandono de activos y retirados.

Lo que comenzó como una señal de alerta a finales de enero se transformó en una crisis abierta en las calles de Mar del Plata. Personal militar, trabajadores civiles de la Base Naval y sus familias se manifestaron frente a la sede de la obra social de las Fuerzas Armadas para denunciar el corte total de servicios médicos, una situación que los deja en un estado de vulnerabilidad extrema.

«Estamos cautivos»: El drama de los afiliados

La interrupción de las prestaciones no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una deuda que supera los $800 millones con los prestadores privados de la ciudad.

Actualmente, las clínicas solo asisten casos oncológicos o de extrema urgencia, dejando a la deriva tratamientos programados, cirugías y consultas de rutina.

Adrián Gallardo, delegado de ATE en la Base Naval, fue contundente durante la movilización: «Nos cortaron el único lugar que teníamos para atendernos. Hoy no contamos con servicio».

La frase resume la angustia de quienes, a pesar de sus aportes mensuales, se ven obligados a costear de su bolsillo trámites y prácticas que pueden alcanzar los $400.000.

Una transición que profundizó el vacío

El conflicto se da en medio de un proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno Nacional. Si bien se anunció la disolución de la IOSFA para dar paso a la nueva OSFA, los afiliados denuncian que, hasta el momento, el cambio solo existe en los comunicados de prensa.

Mientras las soluciones administrativas parecen trabadas en despachos de Buenos Aires, en las bases el malestar crece. Los mandos medios advierten sobre una inminente ola de judicialización, con la presentación masiva de medidas cautelares para garantizar el derecho básico a la salud.

Malestar interno y sospechas de gestión

A la crisis sanitaria se le suma una tensión política interna. Sectores de la Fuerza Aérea y de la Armada manifiestan su descontento por lo que consideran una «centralización» de la gestión en manos del Ejército dentro del Ministerio de Defensa.

La falta de respuestas concretas y las sospechas sobre el manejo de los fondos de la obra social han colocado a la gestión de salud militar en el ojo de la tormenta, transformando un reclamo gremial en un conflicto de alcance nacional que afecta la moral de las fuerzas.