El gobernador del Chaco instruyó a la Fiscalía de Estado para suspender el proceso, alegando que el convenio firmado por Capitanich vulnera la autonomía municipal y la Constitución Provincial.

Un freno legal para evitar un «perjuicio irreparable» en el Impenetrable

MIRAFLORES. El complejo escenario territorial que atraviesa la localidad de Miraflores sumó un capítulo determinante.

El gobernador Leandro Zdero anunció que solicitará formalmente la suspensión de la escrituración del Lote 88, una medida que busca desactivar un conflicto de larga data entre comunidades originarias y pobladores criollos, advirtiendo que el proceso actual representa una amenaza a la seguridad jurídica y al patrimonio del municipio.

A través de instrucciones directas a la Fiscalía de Estado, el mandatario provincial busca poner un paréntesis legal a un trámite que, según su visión, nació viciado.

El eje del cuestionamiento reside en un convenio rubricado durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich, el cual —denunció Zdero— omitió la vigencia de la Ley 3877/93 que define el ejido municipal de Miraflores. Para el actual Ejecutivo, avanzar en estas condiciones implicaría una «intromisión» indebida sobre facultades que pertenecen exclusivamente a la Legislatura chaqueña.

«No se puede, a través de un convenio, violentar la ley ni la Constitución, ni avanzar sobre la autonomía municipal», sentenció Zdero, remarcando que cualquier modificación de los límites territoriales de un pueblo debe pasar por el debate parlamentario y no por una decisión cerrada del Poder Ejecutivo.

El gobernador busca así llevar tranquilidad a una población que ha visto cómo el conflicto por la tierra se ha transformado, en los últimos meses, en un foco de tensión social y política.

En este marco de mediación, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, junto al intendente Rafael Frías, mantiene un diálogo abierto con los sectores involucrados.

La estrategia oficial no se limita a la suspensión: el Instituto de Tierras Fiscales ya se encuentra evaluando alternativas técnicas, como la posibilidad de ofrecer tierras de similares características para destrabar el litigio sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes.

La decisión del Ejecutivo provincial apunta a resguardar los derechos de los habitantes criollos y de las comunidades originarias bajo un marco de legalidad estricta.

Al suspender los plazos de escrituración, el Gobierno del Chaco gana tiempo para auditar el proceso y buscar una solución que, en palabras del gobernador, evite el «uso político» de la necesidad de tierra y garantice la paz social en el portal del Impenetrable.