Por primera vez en la historia argentina, miembros de las cinco fuerzas federales del país —Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal— se unirán en una protesta conjunta. La convocatoria está prevista para el próximo 2 de abril y consistirá en un «abrazo solidario» frente al edificio Centinela en el barrio de Retiro, sede de la Gendarmería Nacional.

El reclamo principal radica en la crítica situación salarial que atraviesan los efectivos, muchos de los cuales perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esta realidad ha forzado a numerosos uniformados a recurrir a trabajos alternativos, como el transporte de pasajeros por aplicaciones, para lograr cubrir la canasta básica. La medida expone una creciente tensión entre la narrativa oficial de «cuidar a quienes nos cuidan» y la situación económica real de los agentes.

A la crisis de ingresos se suma el colapso en la prestación de salud. Tras la intervención de la obra social Iosfa, el Gobierno dispuso su división en OSFFESEG para seguridad y OSFA para militares. Sin embargo, los efectivos denuncian que las prestaciones están prácticamente suspendidas y que las promesas de planes de salud alternativos aún no se han materializado, dejando a miles de familias sin cobertura médica efectiva.

El clima de tensión interna se ve agravado por las diferencias salariales entre los altos mandos y los rangos bajos, además de una interna política que afecta la conducción de las fuerzas. Mientras el malestar crece en los grupos de comunicación interna de los efectivos, la gestión de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfrenta cuestionamientos por su capacidad de mando y por el levantamiento de custodias en objetivos sensibles, lo que suma incertidumbre a un escenario ya crítico.

Fuente: La Política Online