Estudiantes del instituto terciario que funciona bajo la órbita de UPCP, reconocida como UEGP N° 173, volvieron a expresar públicamente una serie de reclamos que, según afirman, se habrían agravado en las últimas semanas y que ya no se limitarían únicamente al fuerte incremento de cuotas denunciado con anterioridad, sino que abarcarían presuntas irregularidades administrativas, organizativas y académicas que —de acuerdo a su versión— afectarían el normal desarrollo del ciclo lectivo 2026.

De acuerdo con los testimonios recabados, los alumnos sostienen que existiría un supuesto desmanejo administrativo general, falta de información clara en aspectos básicos del cursado y reiterados cambios de último momento en horarios y asignación de materias, lo que generaría incertidumbre y dificultades para organizar la vida académica y laboral de quienes asisten al establecimiento. En este contexto, también remarcan una presunta falta de comunicación formal y oficial por parte de las autoridades, señalando que nunca se habría dado a conocer públicamente el reglamento interno de la institución, situación que —según indican— dejaría a los estudiantes sin un marco normativo claro sobre sus derechos y obligaciones.

A estos planteos se suma la reiteración de las quejas por el valor de las cuotas, que los alumnos califican como “excesivo”, y que describen como un supuesto manejo poco transparente respecto al destino de los fondos recaudados. En la misma línea, señalan que se les estaría exigiendo el pago de las cuotas correspondientes a los meses de enero y febrero para poder iniciar el ciclo lectivo 2026, pese a que durante ese período la institución permaneció cerrada por vacaciones y no habría existido, según su postura, contraprestación educativa alguna.

Siempre de acuerdo a la versión de los estudiantes, el monto exigido para poder comenzar las clases ascendería a $100.000, suma que incluiría esos meses, y que condicionaría el acceso al cursado para quienes no puedan afrontarlo.

Los alumnos recuerdan que se trata de una institución que recibiría aportes del Estado provincial, por lo que consideran que esta exigencia debería ser revisada por las autoridades competentes.

Otro de los puntos que genera mayor preocupación entre los denunciantes tiene que ver con la imposibilidad de acceder a las becas nacionales del Plan Progresar, administradas por ANSES.

Según indican, la institución no contaría con la documentación y autorizaciones necesarias ante el Estado nacional, lo que impediría que las constancias de alumno regular sean válidas para acreditar el cursado y, en consecuencia, acceder a dicho beneficio. Esta situación, de confirmarse, afectaría directamente a estudiantes que dependen de ese apoyo económico para continuar sus estudios.

En paralelo, algunos testimonios también refieren a presuntos malos tratos hacia empleados y, en ocasiones, hacia alumnos por parte del director del establecimiento,, hechos que —según expresan— habrían contribuido a un clima institucional tenso y poco propicio para el desarrollo académico.

En este marco, los estudiantes también solicitan formalmente que el Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco realice una inspección integral sobre el funcionamiento del instituto y evalúe una eventual intervención administrativa que permita esclarecer la situación documental, académica y financiera de la institución.

Los alumnos insisten en que no buscan confrontar con la institución, sino que se revisen estas situaciones, se brinde mayor claridad administrativa y académica, y se garantice el derecho a cursar sin condicionamientos que consideran indebidos. Asimismo, reclaman la intervención de los organismos correspondientes para verificar la situación documental, administrativa y pedagógica del instituto.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta oficial por parte de las autoridades de la institución respecto de estas nuevas denuncias.