En un giro clave para el futuro de la reforma laboral, la Justicia Federal dictó una resolución que frena las expectativas de la Confederación General del Trabajo (CGT). La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, dictaminó que su fuero es el único competente para intervenir en la causa, quitándole el expediente a la Justicia del Trabajo.
Con esta decisión, la magistrada aceptó la inhibitoria planteada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desplazando la causa de la jurisdicción donde la central obrera había logrado avances significativos.
El origen del conflicto
El fallo se produce luego de que el juez nacional del Trabajo, Raúl Horacio Ojeda, dictara una medida cautelar que suspendía de forma provisoria 82 artículos de la Ley 27.802. Esa resolución había representado un triunfo estratégico para la CGT, que busca invalidar los puntos centrales de la modernización laboral impulsada por el Ejecutivo.
Sin embargo, el Gobierno Nacional apeló a la propia normativa para revertir la situación. La estrategia oficialista se apoyó en el artículo 79 de la Ley de Modernización Laboral, el cual establece taxativamente la competencia exclusiva de la Justicia Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires para todas aquellas causas donde el Estado sea parte.
¿Qué implica este cambio de fuero?
Al pasar al fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno logra que la disputa salga de la justicia laboral —históricamente más receptiva a los planteos sindicales— para trasladarse a un ámbito donde se discute la legalidad de los actos administrativos del Estado.
Los puntos clave de la resolución:
- Competencia exclusiva: La jueza Marra Giménez ratificó que, por ley, es su fuero el que debe entender en conflictos de esta naturaleza.
- Freno a la cautelar: Este movimiento debilita la suspensión de los 82 artículos que había logrado la CGT, obligando a rediscutir la validez de la reforma bajo nuevos criterios jurídicos.
- Tensión gremial: La central obrera analiza ahora los pasos a seguir, mientras el Gobierno consolida la vigencia de la norma en el terreno legal.
Este fallo representa un alivio para la gestión de La Libertad Avanza, que busca mantener la integridad de su paquete de reformas frente a la resistencia de los gremios.
