La Justicia Federal dictó el procesamiento del dirigente piquetero, su familia y exautoridades provinciales.
Se los investiga por el robo de 3.000 hectáreas del Estado y el desvío de fondos a través de fundaciones falsas.
RESISTENCIA. – La Justicia Federal dio un paso clave en una de las causas de corrupción más impactantes de los últimos años en el Chaco. El Juzgado Federal N° 2 dictó el procesamiento de Ramón Alberto «Tito» López, su círculo familiar íntimo, empresarios y varios exfuncionarios de la gestión anterior, acusados de montar una organización para quedarse con tierras del Estado y cobrar millones de pesos de forma ilegal.
¿Cómo funcionaba la estafa?
Según la investigación judicial, el grupo utilizaba dos caminos para sacarle plata y bienes a la provincia:
- Fundaciones «Fantasma»: Los hijos de López manejaban fundaciones como «Dueños de la Raza», que le facturaban cifras millonarias al Estado (a través del IAFEP) sin tener empleados, máquinas ni oficinas. Solo en 2023, una de estas fundaciones recibió más de 71 millones de pesos, a pesar de que su «sede» era la propia casa de la familia López.
- El robo de los campos: La familia López habría recibido unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales diciendo que eran productores rurales.
- Aunque por ley no podían venderlas por 10 años, usaron maniobras con escribanos y empresarios para «pasarlas» a manos privadas a precios muy bajos, quedándose con una ganancia ilícita enorme.
Los exfuncionarios bajo la lupa
La Justicia también procesó a exautoridades que debían cuidar el patrimonio del Chaco y, según el juez, hicieron lo contrario.
Entre los nombres más fuertes aparece el de la exministra de Ambiente, Marta Soneira, junto a exdirectivos del Instituto de Colonización como Walter Ferreyra, Raúl John Paris y Cinthia Kaplan.
A estos exfuncionarios se los acusa de facilitar la entrega de las tierras sin cumplir los requisitos y de «mirar para otro lado» mientras se cometía el fraude.
Embargos millonarios
Para asegurar que el Estado pueda recuperar algo de lo robado, el juez ordenó un embargo preventivo de 100 millones de pesos para cada uno de los 13 procesados.
Entre los implicados también se encuentran los empresarios Diego y Walter Brua, y la escribana María Luisa Artieda.
Por el momento, el procesamiento se dictó sin prisión preventiva, lo que significa que los acusados seguirán el proceso en libertad (a excepción de quienes ya tienen otras causas previas), pero quedan formalmente camino a un juicio oral donde podrían recibir penas graves por asociación ilícita y fraude a la administración pública.
