La investigación judicial en torno a Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales públicos del Chaco, ha dado un giro determinante. Tras varios días de incertidumbre sobre su paradero, las autoridades lograron ubicarla en la provincia de Buenos Aires.

Este hallazgo ha activado de inmediato un operativo de coordinación entre fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones para concretar su captura y traslado, en el marco de una causa que ha puesto bajo la lupa los controles del sistema sanitario provincial.

El expediente, ahora bajo la dirección del fiscal subrogante Gustavo Valero, ha tomado un impulso renovado. Valero reforzó el pedido de captura nacional, mientras los equipos de investigación trabajan en reconstruir la red de complicididades o negligencias que permitieron a la sospechosa desempeñarse como profesional de la salud sin poseer un título habilitante.

El foco no solo está puesto en la detención, sino en desentrañar cómo Ojeda logró burlar los mecanismos de contratación del Estado.

Según los datos que obran en la causa, la mujer utilizaba una matrícula profesional ajena para prestar servicios como médica de guardia en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza.

Los registros indican que su actividad se habría extendido al menos desde agosto del año pasado, percibiendo haberes y atendiendo pacientes bajo una identidad profesional usurpada.

La detección de inconsistencias técnicas en su formación fue el disparador que permitió desarticular la maniobra y dar inicio a la denuncia penal.

Las pruebas recolectadas hasta el momento son contundentes. Durante un reciente allanamiento realizado en su vivienda de Sáenz Peña, los investigadores secuestraron un arsenal de elementos probatorios que incluyen insumos médicos, uniformes, chaquetas y documentación clínica de diversos pacientes.

Un hallazgo que llamó la atención de los peritos fue la presencia de restos de papel quemado en el patio de la propiedad; tras un análisis minucioso, se identificaron fragmentos de sellos oficiales, lo que sugiere un intento desesperado por destruir evidencia antes de su huida.

La causa ha sido caratulada inicialmente como «Supuesta Usurpación de Título y Honores», delito tipificado en el artículo 247 del Código Penal. Sin embargo, no se descarta que, a medida que avance la auditoría sobre las atenciones médicas realizadas, se sumen cargos relacionados con el riesgo a la salud pública.

Mientras se aguarda el arresto inminente en territorio bonaerense, la Justicia chaqueña busca determinar quiénes validaron su ingreso a los centros de salud y qué fallas administrativas permitieron que una «médica trucha» tuviera la vida de los ciudadanos en sus manos durante meses.