El escape de Lidia Mabel Ojeda, la mujer que mantuvo en vilo al sistema sanitario del Chaco tras ejercer ilegalmente la medicina, llegó a su fin de la manera menos pensada.

Su caída no fue producto del azar, sino de un error táctico fatal: una comunicación telefónica interceptada que permitió a los investigadores rastrear su ubicación exacta en la provincia de Buenos Aires.

Lo que comenzó como un intento de desaparición tras el escándalo en los hospitales del interior chaqueño, culminó este lunes con un despliegue policial que logró cercarla y ponerla bajo custodia nacional.

La investigación, liderada por el fiscal Gustavo Valero, había detectado que la sospechosa ya no se encontraba en territorio chaqueño, lo que activó una alerta roja en las fuerzas de seguridad.

El quiebre definitivo se produjo cuando Ojeda, en un momento de desesperación por su condición de fugitiva, realizó una llamada hacia el Chaco para contactar a una persona de su círculo íntimo.

Ese breve contacto fue suficiente para que los especialistas en delitos tecnológicos triangularan la señal, ubicándola en una zona residencial de Buenos Aires donde intentaba pasar inadvertida mientras la justicia chaqueña reconstruía el rastro de sus peligrosas maniobras.

El caso ha generado una profunda alarma social debido a la temeridad con la que la imputada operaba.

Durante meses, Ojeda se infiltró en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, utilizando una matrícula profesional robada para atender guardias y recetar medicación a ciudadanos que confiaban su salud a quien resultó ser una usurpadora.

La gravedad del hecho escaló cuando, días atrás, un allanamiento en su domicilio de Sáenz Peña reveló que la mujer intentó incinerar pruebas críticas, dejando solo restos de sellos oficiales y documentos de pacientes que confirmaban su accionar delictivo.

Con la detención ya materializada, se espera que en las próximas horas se inicien los trámites de extradición para que la «falsa médica» sea trasladada nuevamente al Chaco.

Allí deberá enfrentar cargos por Supuesta Usurpación de Título y Honores, aunque el Ministerio Público Fiscal no descarta ampliar la acusación ante la posibilidad de que su mala praxis haya puesto en riesgo real la vida de los pacientes atendidos.

El operativo marca un precedente clave en la persecución de delitos contra la salud pública, desnudando las vulnerabilidades de un sistema que permitió que una persona sin formación académica se vistiera de blanco y tomara decisiones de vida o muerte en el corazón del sistema estatal.