Bajo una consigna que trascendió lo académico para convertirse en un contundente reclamo político, una multitudinaria columna de estudiantes, docentes y diversos sectores sociales desbordó este martes el centro de Resistencia en defensa de la universidad pública.
La Marcha Federal Universitaria en la capital chaqueña se consolidó como una de las manifestaciones más potentes de los últimos tiempos, enviando un mensaje directo a las autoridades nacionales sobre la prioridad presupuestaria que la región demanda para sus instituciones de educación superior.
La movilización, que partió desde el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) sobre la Avenida Las Heras, congregó no solo a la comunidad universitaria, sino también a organizaciones sindicales, movimientos sociales y ciudadanos autoconvocados.
Al llegar a la Plaza 25 de Mayo, el microcentro resistenciano se transformó en el epicentro de una demanda colectiva que denunció el ahogo financiero que atraviesan las casas de altos estudios y el impacto directo que esto genera en el desarrollo científico y profesional de la provincia.
El tono de la jornada fue de un marcado impacto político, donde los discursos coincidieron en señalar que la educación pública constituye el principal motor de movilidad social ascendente en el Chaco y el NEA.
Los referentes estudiantiles y gremiales advirtieron que el recorte de fondos no solo pone en riesgo el dictado de clases y las becas de comedor, sino que compromete el futuro de miles de jóvenes que ven en la universidad la única vía de progreso.
La masividad de la convocatoria en Resistencia replicó el fenómeno nacional, dejando en claro que el consenso social respecto a la gratuidad y el financiamiento universitario permanece inalterable pese al contexto de ajuste.
La jornada cerró con la lectura de un documento unificado frente a la Casa de Gobierno, donde se exigió una actualización urgente de las partidas presupuestarias para garantizar el funcionamiento operativo de la UNNE y demás instituciones.
La movilización no solo fue una muestra de unidad del sector educativo, sino que funcionó como un potente termómetro social que marca el límite de la tolerancia frente a políticas que afecten la estructura básica del sistema público de enseñanza en la región.
