El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la emergencia penitenciaria federal por un período de dos años adicionales, ante un escenario crítico de sobrepoblación que mantiene al sistema operando por encima de su capacidad máxima.

La medida, formalizada a través de la Resolución 439/2026 en el Boletín Oficial bajo la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, responde a un déficit estructural de plazas que hoy arroja una tasa de ocupación del 106% en las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Actualmente, el sistema federal alberga a 12.248 internos, superando ampliamente las 10.932 plazas operativas disponibles.

Esta saturación no solo complica las tareas de custodia y seguridad, sino que también obstaculiza los programas de reinserción social de los detenidos.

El informe oficial detalla que el flujo de ingresos ha sido incesante: entre finales de 2023 y marzo de 2026, más de 15.000 personas ingresaron al sistema, mientras que otras 5.000 permanecen en comisarías y alcaidías a la espera de un cupo que les permita el traslado a una unidad penitenciaria.

Uno de los puntos de mayor tensión política y logística reside en la composición de la población carcelaria. Casi la mitad de los detenidos en el ámbito federal pertenecen a causas de la Justicia porteña, una situación que el Ejecutivo atribuye a la demora en el traspaso de la competencia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta falta de resolución jurisdiccional limita la disponibilidad de espacios para delitos de índole estrictamente federal, agravando el hacinamiento en los complejos existentes.

Para intentar mitigar la crisis, el Ministerio de Seguridad destacó el fortalecimiento del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que ya supervisa más de 1.500 arrestos domiciliarios.

No obstante, las autoridades reconocen que la solución de fondo depende de la finalización de obras de infraestructura.

En este sentido, se mencionaron avances en el complejo de Coronda y la Unidad de Senillosa, además del progreso en la construcción de la cárcel de Agote en Mercedes y el plan de traslado del histórico penal de Devoto hacia Marcos Paz, proyectos que prometen sumar plazas clave para descomprimir un sistema al borde del colapso.