La última licitación de deuda pública encendió luces de alerta en el tablero político y económico de la Casa Rosada. Aunque el Ministerio de Economía, liderado por Luis «Toto» Caputo, exhibió con tono triunfalista una tasa de renovación (rollover) del 114,36% sobre los 11 billones de pesos que vencían, la letra chica de la operación expuso una marcada cautela por parte de los inversores.

Para asegurar el financiamiento, el Tesoro debió convalidar mayores tasas, concentrar los vencimientos en un plazo promedio de apenas un año y ofrecer una fuerte cobertura contra la inflación y la devaluación.

En los pasillos de la city porteña y entre los principales operadores bursátiles, la lectura política de la licitación fue tajante. El marcado interés por instrumentos de corto plazo que vencen antes del recambio presidencial evidencia que el mercado financiero mantiene severas dudas respecto de la reelección de Javier Milei y la sostenibilidad del esquema económico a largo plazo.

De hecho, estimaciones que circulan en bancos y sociedades de bolsa advierten que el riesgo crediticio argentino podría saltar más de 330 puntos básicos en escenarios posteriores a los comicios legislativos del año próximo.

La radiografía de la adjudicación confirma esta tendencia de repliegue hacia lo seguro. Finanzas recibió ofertas por 16,14 billones de pesos y terminó adjudicando 12,57 billones.

El dato central fue que más del 40% de todo el volumen captado se concentró en la nueva Letra del Tesoro Capitalizable (Lecap) con vencimiento en septiembre de 2026, la cual absorbió 5,15 billones de pesos. Para seducir al mercado, el Gobierno debió pactar una tasa anual cercana al 27%, un rendimiento que analistas privados consideran excesivo frente a las proyecciones inflacionarias oficiales.

La demanda de cobertura también reflejó el persistente temor a una devaluación del peso y a una aceleración de los precios, a pesar de la vigencia del cepo cambiario. Los inversores volcaron más de 1,3 billones de pesos al bono ajustado por CER (TZXS7) con vencimiento en septiembre de 2027, convalidando una tasa real del 5,06%.

En paralelo, el bono indexado a la tasa variable de plazos fijos mayoristas (TAMAR) con vencimiento en 2028 captó 3,76 billones de pesos a una tasa del 35,53%.

Asimismo, los instrumentos atados a la evolución del dólar oficial (dollar linked) sumaron un equivalente a más de 1,8 billones de pesos, dejando en claro que el fantasma de una corrección cambiaria sigue operando en las decisiones de cartera.

Por otra parte, la urgencia oficial por sumar divisas frescas quedó en evidencia con la reapertura de los bonos en moneda extranjera BONAR 2027 (AO27) y BONAR 2028 (AO28).

Con vencimientos en dólares a la vuelta de la esquina por cerca de 4.400 millones de dólares para el próximo mes de julio, el Palacio de Hacienda buscó engrosar sus cuentas mediante la colocación de deuda local en moneda dura, logrando adjudicar 346 millones de dólares sobre un total de 624 millones ofertados.

El AO27 convalidó una tasa del 5,12%, mientras que el AO28 debió pagar un rendimiento del 8,49%.

La fragilidad del esquema de financiamiento no tardó en generar cruces técnicos. Desde el propio oficialismo, el vocero del equipo económico en redes sociales, Felipe Núñez, reconoció que la vida promedio ponderada de la cartera emitida fue de solo 1,06 años, intentando matizar la situación al destacar el estiramiento de plazos hacia 2028 por una porción menor del total.

No obstante, economistas independientes salieron a cruzar la narrativa oficial de una supuesta «demanda genuina» de pesos.

Los analistas advierten que la liquidez actual que financia al Tesoro es artificial, ya que proviene de la emisión de pesos que realiza el Banco Central al obligar a los exportadores a liquidar divisas, en un mercado fuertemente intervenido donde el cepo impide a los agentes económicos volver a dolarizarse de manera formal.