A casi dos años del brutal asesinato de Shi Long en la localidad chaqueña de Campo Largo, la causa sumó un capítulo judicial decisivo que podría marcar un antes y un después en el sistema procesal de la provincia. La querella que representa a la familia de la víctima formalizó una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El objetivo de máxima es lograr que el máximo tribunal del país declare la inconstitucionalidad de la ley local y ordene anular el veredicto de un jurado popular que, en su momento, absolvió al principal sospechoso del homicidio.

La drástica medida fue impulsada por el abogado Ramiro Cabaña, representante legal de Shi Gongsheng y Zhan Ailuan, padres del comerciante asesinado, y de Shi Yulan, damnificada por la privación ilegal de la libertad que rodeó al caso.

La decisión de acudir a la máxima instancia judicial de la República Argentina se materializó luego de que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazara de plano un recurso extraordinario federal, bloqueando la posibilidad de revisar la polémica absolución de Chen Bangyao dentro de los límites jurisdiccionales de la provincia.

El crimen del supermercadista conmovió profundamente a la opinión pública chaqueña en su momento, pero el impacto social se transformó en controversia legal cuando un jurado popular dictó el veredicto de «no culpable» para Chen Bangyao, permitiéndole recuperar su libertad de manera inmediata.

Desde aquel día, la querella sostuvo con firmeza que el proceso oral estuvo viciado y que el veredicto se construyó sobre bases irregulares que afectaron directamente el debido proceso.

El principal cuestionamiento técnico radica en la presunta introducción de lo que la querella califica como prueba ilícita durante el debate. Cabaña explicó que el tribunal popular presenció fragmentos de un material audiovisual que jamás había sido ofrecido, analizado ni controlado por las partes durante las audiencias preliminares de preparación del juicio.

La defensa de la familia de la víctima sostiene que la sorpresiva exhibición de esos videos sembró una duda indebida en los ciudadanos que integraban el jurado, inclinando la balanza hacia la absolución de forma antirreglamentaria.

Sin embargo, el obstáculo más complejo para la acusación privada es de índole legislativa. La actual Ley de Juicio por Jurados de la provincia del Chaco establece un blindaje absoluto sobre las sentencias de no culpabilidad, impidiendo de forma taxativa que tanto la Fiscalía como las víctimas puedan apelar o recurrir un fallo absolutorio emanado de un tribunal popular.

Ante esta encrucijada, la presentación ante la Corte Suprema de la Nación ataca el corazón de la normativa provincial, solicitando que se declare inconstitucional esa restricción por cercenar el derecho fundamental de las víctimas a una revisión judicial efectiva y equitativa.

El planteo argumenta que la figura del querellante goza de un rol constitucional activo dentro del derecho penal argentino, por lo que prohibirle la chance de cuestionar un veredicto absolutorio lesiona de muerte las garantías del debido proceso.

En caso de que los ministros de la Corte Suprema hagan lugar al reclamo de la familia de Shi Long, el escenario legal de la provincia sufriría un cimbronazo histórico: se declararía la nulidad absoluta del juicio anterior y se ordenaría la realización de un debate completamente nuevo desde cero, con la intervención de un jurado popular diferente y bajo estrictas pautas de control probatorio.

Los alcances de una resolución favorable para la querella exceden por completo los límites de este crimen en particular. Un fallo de la Corte Suprema sentaría un precedente de alcance nacional que alteraría las reglas de juego de los juicios por jurados en Chaco y en otras provincias con legislaciones similares, abriendo la puerta para que otras víctimas atrapadas en el mismo vacío legal puedan recurrir fallos de no culpabilidad.

Aunque la presentación ya cumplió con todos los exigentes requisitos procesales del alto tribunal, la causa ingresó ahora en una etapa de estudio sin plazos fijos, por lo que la resolución definitiva podría demorar meses o incluso años, mientras el destino de uno de los crímenes más resonantes del Chaco pende de un hilo constitucional.