El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro total de actividades por cinco días, que se llevará a cabo entre el 16 y el 20 de junio.

La medida de fuerza responde al reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente para el sector de la educación superior.

La decisión de los gremios docentes se tomó luego de que las autoridades del Ministerio de Capital Humano presentaran una propuesta presupuestaria a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Si bien el canal de diálogo formal continúa abierto, las federaciones sindicales consideraron insuficientes los avances y se declararon en estado de alerta y sesión permanente, advirtiendo que cualquier oferta formal del Ejecutivo será sometida a la consulta previa de las bases antes de ser aceptada.

Como antesala de la huelga general, el plan de lucha contempla una serie de protestas y actividades de visibilización. El cronograma comenzará este 9 de junio con la realización de clases públicas frente a los Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, las manifestaciones se trasladarán a distintos puntos del país los días 11 y 16 de junio, con epicentros en Rosario y la Capital Federal.

En sintonía con las medidas locales, el sindicato llevó el conflicto al plano internacional mediante una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la falta de convocatoria formal a la negociación paritaria.

La oferta oficial y la resistencia de las universidades

Durante las últimas reuniones ministeriales, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo encuentros con los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro).

En ese ámbito, el Gobierno nacional propuso una recomposición salarial del 21,33% para el mes de junio, sumado a un incremento adicional del 3% en octubre. La oferta oficial también contempla una suba del 20% en las partidas destinadas a gastos de funcionamiento, junto con refuerzos financieros para becas estudiantiles y hospitales universitarios.

A pesar de los porcentajes ofrecidos, las universidades mantienen firme su exigencia del cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que garantiza la actualización automática de salarios, fondos para infraestructura, investigación y bienestar estudiantil.

Asimismo, la comunidad académica rechazó de forma unánime el pedido del Poder Ejecutivo para que las casas de estudio retiren el litigio judicial que actualmente tramita ante la Corte Suprema de Justicia.

Respaldó judicial: la Corte Suprema rechazó apartar a los jueces de la causa

En el plano judicial, el conflicto universitario sumó un revés para la estrategia jurídica del Estado nacional. La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad una presentación del Ejecutivo que buscaba recusar y apartar al juez de primera instancia, Diego Martín Cormick, y a un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, quienes tienen a su cargo la causa impulsada por el CIN para exigir la aplicación de la ley de financiamiento.

El máximo tribunal del país dictaminó que no se logró acreditar ninguna causal válida de excusación, remarcando que el simple hecho de ejercer la actividad docente en universidades públicas no constituye un interés personal directo en el resultado del proceso legal.

Con este fallo, la Corte ratificó el principio del juez natural, dejó firmes a los magistrados cuestionados y consolidó la vía judicial de las universidades, en un escenario donde las soluciones políticas y salariales todavía parecen lejanas.