El presidente Mauricio Macri firmó los convenios por los cuales se traspasa parte de la Justicia Nacional a la Ciudad y dijo que esto la hará “más dinámica”.
«Vemos tragedias todos los días y lo que también vemos son familias que reclaman. Necesitamos una justicia más cercana, más dinámica», afirmó Macri durante la firma en Casa de Gobierno con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
«En la reforma constitucional del ´94 se decidió que los vecinos de Buenos Aires dirimieran sus cuestiones en una justicia de la Ciudad y que decidan los legisladores quienes son los jueces y no que el debate incluya a senadores de otras provincias», agregó.
El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad se trata de un viejo reclamo de la dirigencia política porteña, que desde hace décadas pedía manejar la justicia ordinaria como lo hacen las provincias, y se enmarca en el mismo pedido de autonomía por el que reclamaban el control del juego, la Policía y los puertos en su territorio.
Según indicaron fuentes judiciales, hasta ahora sólo pasarán los juzgados nacionales penales, el fuero de Defensa del Consumidor, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (IGJ) y no el fuero laboral.
La decisión está tomada desde el año pasado y el traspaso estuvo a punto de firmarse el 30 de noviembre último, pero se demoró por la negativa tanto de los magistrados involucrados como del gremio judicial.
El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, declaró a su gremio en «estado de alerta y movilización» ante la iniciativa, porque consideró que «los salarios de los magistrados porteños son más bajos, el régimen jubilatorio no está garantizado por ley, se perjudica el acceso a los beneficios de la obra social y, desde la última modificación de ganancias, los trabajadores podrían quedar expuestos a su pago», según informó en un comunicado.
También la Asociación de Magistrados había rechazado la medida, al indicar que «bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley y mucho menos de un convenio, que tiene menor jerarquía normativa».
