El fiscal federal Jorge Di Lello imputó a Mauricio Macri, su padre Franco, funcionarios y empresarios de Avianca por presunta asociación ilícita y otros delitos en el marco de la entrega de rutas aéreas a la empresa de origen colombiano.
El titular de la Fiscalía Federal Nº1 impulsó la investigación penal por la posible comisión de los delitos de «asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino», según indicó el sitio fiscales.gob.ar.
Además de Macri y su padre, como titular del grupo Sideco, también fueron imputados el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el director general de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas; el titular del grupo de empresas que conforma la línea aérea AVIANCA Germán Efromovich; el CEO de Avian, Carlos Benjamín Colunga López; y el titular de Unidos Air S.A.; Diego Martín Colunga López.
Tras una ampliación de la denuncia, también se imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin; y al director nacional de Transporte Aéreo de ese organismo, Hernán Gómez.
A estos se los acusó también de la conducta prevista en el artículo 218 del Código Aeronáutico, que reprime cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo, o entorpecer la seguridad aérea.
El expediente se inició por una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, que pidieron investigar la venta de la empresa Macair Jet, del grupo empresario de la familia Macri, a la firma colombiana Avianca, que recientemente obtuvo autorización para operar en rutas aéreas.
En su dictamen, el fiscal indica que se desconoce el monto y la forma en que se pagó la firma Macair a los Macri, en 2016. Al respecto, los denunciantes habían afirmado que «comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios».
Di Lello destaca también que la ANAC autorizó recientemente «la concesión por 15 años de todas las rutas solicitadas (por Avianca), en las que actualmente opera Aerolíneas Argentinas». También se menciona la entrega de rutas a Fly Bondi, propiedad de un empresario que sería socio de Mario Quintana.
Tailhade y Cabandié habían pedido también que se investigue la decisión del gobierno de Macri de dejar de utilizar la flota de aviones presidenciales y contratar líneas privadas.
La causa está radicada en el juzgado del juez Sergio Torres.