Continuando con la tregua entre la central obrera y la gestión de Mauricio Macri, ambos se preparan para cerrar un acuerdo que frene las subas salariales.
Además de pretender que las paritarias tengan un tope del 20%, aspiran a imponer igual limitación a la suba del salario mínimo, vital y móvil.
El vínculo entre el gobierno de Cambiemos y la CGT no sólo promete continuar en buenos términos sino que avanza en la definición de un acuerdo para mantener a raya el salario de los trabajadores.
Así, se preparan para pactar tanto la firma de paritarias en torno al 20% como la implementación de un techo para la suba del salario mínimo, vital y móvil, hoy de $8.060.
Según consignó el diario La Nación, la misma pauta salarial del 20% sería llevada al Consejo del Salario, ámbito tripartito donde en junio se tratará el aumento del salario mínimo.
Para el Gobierno, el pacto con la central obrera en este sentido se volvió urgente tras el cierre de algunas paritarias muy por encima del máximo que ellos defienden.
Concretamente, el acuerdo por un aumento del 31.6% en un solo pago que lograron los aceiteros.
El 20% que propone el Gobierno –echando por tierra la meta inflacionaria que plantearan originalmente, entre 12 y 17%- ya se cerró en Comercio, la Uocra y los estatales de UPCN, e incluso en gremios como la federación del personal de estaciones de servicio, liderado por el massista Carlos Acuña, parte del triunvirato que comanda la CGT.
Varios sindicalistas dentro de la central obrera, así como referentes de las CTA apuntan a un salario mínimo equiparable con el costo de una canasta básica de alimentos, que ronda los $14.600.
Tal intención de suba casi cuatriplica la que pretende el Gobierno.
En paralelo con la negociación para frenar la suba salarial básica, según informó el matutino, el Gobierno y la CGT avanzan en otros dos acuerdos: por la instrumentación del plan ‘empalme’ para reconvertir los planes sociales en empleo formal –que retoma un programa preexistente del gobierno anterior- y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, para reducir la litigiosidad en materia de cobertura de medicamentos y tratamientos por parte de las obras sociales.
