El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco, emitió un comunicado para expresar su «rechazo a cualquier intento de incrementar los costos de acceso a la Justicia, como una solución coyuntural, apresurada y manifiestamente ineficaz, para atender el reclamo salarial de los trabajadores del sector del Poder Judicial».
El comunicado se trascribe a continuación:
«Ante la propuesta formulada por una de las asociaciones sindicales de trabajadores judiciales que insta un aumento de 1000 % de la unidad tributaria (UT), que pasaría de un valor de $ 0,20 a $ 2, este Consejo de Abogados expresa su oposición institucional, pues de adoptarse semejante medida “parche”, el costo por el aumento salarial sería trasladado a otro conjunto de trabajadores, los justiciables, indiscriminadamente y pese a que muchos de ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún mayor que la que aqueja a los trabajadores judiciales.
Rechazamos la alternativa de aplicar una lógica de transferencia de recursos, como solución parcial y coyuntural para contentar o paliar la situación de un sector de trabajadores en perjuicio del universo absoluto de los chaqueños que, actual o potencialmente, son sujetos necesitados de acceder al Poder Judicial, como único medio para obtener el reconocimiento de sus derechos. Los costos de acceso al sistema judicial no pueden convertirse en una valla que reproduzca en los ámbitos institucionales públicos la aguda desigualdad material que ya existe entre las personas en la sociedad. Los costos de acceso al sistema judicial no pueden volverse obstáculos que impidan o siquiera inhiban el derecho elemental de cualquier persona, de aspirar a obtener la oportuna y expedita actuación judicial para alcanzar un juicio justo, en el que se definan sus derechos.
El aumento de los impuestos, una de cuyas especies es precisamente la tasa judicial, no puede ser la alternativa que el Estado encuentre cada vez que deba buscar una solución a sus problemas de financiamiento en sus gastos corrientes, una de cuyas especies es el salario de sus empleados. Si así fuera, daríamos inicio a una espiral regresiva, mucho más dañina que el problema que se pretende atender, con incidencia perniciosa para la capacidad adquisitiva de todos los sectores, principalmente de los trabajadores que viven exclusivamente de su salario.
Esta posición no significa de modo alguno que no compartamos el reclamo de los trabajadores judiciales por su digna paga. Pero no podemos adherir a encontrar la solución de este problema en la generación de una exacción mucho más amplia y gravosa, como lo sería que el costo de los aumentos salariales se traslade al incremento del costo que tendrán todos los justiciables para acceder al servicio de justicia, restringiendo todavía más las condiciones para que los vulnerables y vulnerados puedan encontrar respuesta en la Justicia.
La respuesta plausible al problema de atraso o de inequidad salarial de los trabajadores judiciales, debe ser buscada y hallada en el consenso racional y deliberativo entre los tres poderes del Estado, competentes y obligados a la aplicación eficaz y eficiente de los recursos presupuestarios, adoptando medidas razonables que, a la par que encuentran la solución posible a la situación que los ocupa, no irroguen con su implementación más o mayores daños que los que se intentan conjurar».
