En un comunicado emitido por los referentes más importantes de Unidad Ciudadana Chaco, los mismos dan a conocer su postura y piden una reflexión y ante los acuerdos firmados por el gobierno provincial.

El acuerdo entre la Provincia del Chaco, otras provincias y el gobierno nacional, denominado “Consenso o Pacto Fiscal”, ha sido firmado sin la información, la participación y el debate que entendemos se requiere y que la ciudadanía chaqueña espera en un tema tan importante que tendrá severas consecuencias sobre nuestro futuro y el de amplios sectores populares del país.

Un acuerdo que es parte de la política de ajuste En nuestra lectura, el “consenso” -que de consenso no tiene nada- no es más que una fenomenal transferencia de recursos tributarios, de la seguridad social y el Banco Nación en favor del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para garantizar el financiamiento del fetiche electoral de Cambiemos y deteriora profundamente la autonomía de la Provincia del Chaco para establecer un sistema tributario conforme a las definiciones de sus autoridades democráticas.

Recorrer el documento pone la piel de gallina, una tras otra sus cláusulas violentan las facultades constitucionales de las autoridades democráticas a la vez que “compensan” económicamente esas renuncias. Tres clausulas “raras” El poder central doblega a las autoridades provinciales a tal punto que incluye, por los menos, tres cláusulas que no involucran estrictamente la relación Nación-Provincias. Lo hace bajo la denominación de “compromisos comunes”.

La primera de ellas es la “descapitalización” del Banco de la Nación Argentina por 20 mil millones de pesos en 2018 y el 20% de utilidades para los siguientes años a través de transferencias al Tesoro Nacional.

El desguace de la herramienta financiera estratégica es una demanda del conglomerado financiero internacional para eliminar una competencia insoportable vía destrucción y/o privatización.

Nos preguntamos ¿por qué las Provincias deben “autorizar” esa descapitalización?, en especial porque el Poder Ejecutivo ya la incluyó en el proyecto de ley de presupuesto 2018. La segunda cláusula que no guarda en absoluto correspondencia alguna con la relación Nación-Provincias es la modificación de la fórmula de ajuste de haberes a jubilados -entre otros-, que por consiguiente se extiende a otros beneficios previsionales y sociales (pensiones, excombatientes, AUH, asignaciones familiares). ¿Porqué no asume el gobierno nacional la responsabilidad de sus políticas? 100 mil millones de pesos migrarán de los bolsillos de los jubilados a la caja negra de Cambiemos.

La tercera condición extraña a un acuerdo de ésta naturaleza es la que exime a la Provincia de Buenos Aires de transferir recursos a los municipios. Es decir, una obligación propia de la naturaleza de éstos acuerdos y las normas de coparticipación, aparta a PBA de ello. 65 mil millones de pesos que la gobernadora Vidal podrá usar a discreción para garantizar el triunfo electoral en el principal distrito electoral del país en el año 2019. Y los gobernadores avalando la exacción a Municipios.

Es que, estrictamente, el acuerdo expresa una definición de política económica y social, la definición de CAMBIEMOS (PRO/UCR) y el apoyo de los gobiernos provinciales (compensaciones económicas mediante) que termina convalidando políticamente el programa de gobierno de Macri. Ceder autonomía Este supuesto “consenso” es un canto al centralismo fiscal. Además de ceder recursos federales, Chaco pierde real y potencialmente- recursos de recaudación propia.

La Provincia del Chaco (en rigor las provincias firmantes) renuncia a percibir el Fondo de Salud Pública -600 millones de pesos en el presupuesto 2018-, a bajar alícuotas de ingresos brutos –bajar las actuales alícuotas y eximir a varias actividades-, a eliminar el impuesto de sellos en forma escalonada, a no gravar exportaciones, entre otras obligaciones.

Todas esas facultades, hoy en manos de las autoridades democráticas, son resignadas en manos de ese consenso que ata de pies y manos a la política económica provincial. Además, el compromiso asumido involucra ajustes y reformas a los Municipios, otros convidados de piedra en el diálogo llevado adelante con el gobierno nacional.

Un programa de ajuste En realidad, ese “renunciamiento” impositivo impacta sobre los ingresos de la Provincia que, sumado a la Ley de Responsabilidad Fiscal que se obliga a aprobar, conduce a una espiral hacia adentro de la economía provincial.

Es de destacar que el previsor acuerdo garantiza el acceso al financiamiento vía “líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales” como los que ya conociéramos en los años 90. Dialogar, buscar la salida popular y decir que no al Club de Endeudadores.

La semana pasada, el gobierno provincial acordó con la UCR endeudar la provincia por más de 10 MIL MILLONES DE PESOS. A contramano de lo que el gobernador planteó cuando convoco al Dialogo Político, este Club se prepara para aprobar el día de hoy éste acuerdo fiscal que no fue difundido ni discutido por la sociedad chaqueña, y que en el fondo es un verdadero aval a la política de Cambiemos.

El gobierno del Chaco no debe sucumbir ante la UCR y el PRO, le debe explicaciones a las fuerzas sociales, gremiales y políticas, explicaciones que debería dar antes de la aprobación parlamentaria del acuerdo.

Unidad Ciudadana desconocerá jurídica y políticamente este acuerdo y sus efectos sobre la Provincia del Chaco ante la grosera cesión de atribuciones y autonomía e impulsará su denuncia ante los ámbitos pertinentes.