El gobierno suspendió unas 170 mil personas beneficiarias de pensiones de invalidez, medida que fue luego rechazada por la Justicia. 

Sin embargo, ahora ordenó excluir a los menores de edad de ese beneficio, además de elevar las exigencias en los requisitos para personas con cáncer, síndrome de Down, VIH, Parkinson y EPOC, entre otras.

Al menos veinte mil pensiones, que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en estos meses, volverán a ser revisadas bajo estos nuevos criterios, según establecieron las flamantes autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependientes de Presidencia.

Basándose en la investigación del portal Nuestras Voces, que dirige la diputada nacional por el FPV y periodista Gabriela Cerrutti, portal que extrañamente entró fuera de servicio a las pocas horas de que fuera publicada la noticia.

El ajuste sobre los más chicos se ejecutó el 25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito.

Allí se detalló que las liquidaciones a los menores deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores analicen nuevamente cada caso.

Según publicó el portal Nuestras Voces, desde la Agencia admitieron que esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”.

En el documento revelado por el portal de noticias también se detallan nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.

En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

El recorte llegó 11 meses después de que el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones, aunque la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita “vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana”.

Tras esa primera derrota legal, el Gobierno buscó otra forma de concretar su achique en el sistema de seguridad social. Ahora sólo pasarán directamente al área de resoluciones aquellas personas que estén bajo curatela (son aquellos con firma de un juez por insania) y aquellos cuyas patologías estén acompañadas del CMO y el CUD.

El hecho de que las 20 mil pensiones vuelvan a ser sometidas a revisión pone un freno a las pensiones que esperan desde hace un año para ser otorgadas, por lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se podrían llegar a retrasar entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.