El represor condenado Miguel Etchecolatz fue alojado nuevamente al penal de Ezeiza, luego de pasar dos meses de prisión domiciliaria en su casa ubicada en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, desde donde fue trasladado con una fuerte custodia por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El traslado de Mar del Plata a Ezeiza se realizó vía terrestre, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria.
El represor ya se encuentra ingresado en el Hospital Penitenciario del complejo de Ezeiza, donde comprobarán su estado de salud.
Vecinos y militantes de derechos humanos se congregaron durante toda la madrugada en la puerta de vivienda, ubicada en Boulevard Nuevo Bosque entre Guaraníes y Los Tobas, del bosque Peralta Ramos, a la espera de la salida del represor.
Pasadas las 5 de la mañana, arribaron a la vivienda vehículos del SPF, la policía bonaerense y Prefectura Naval Argentina para proceder al traslado.
Una hora más tarde, cuando se abrió el portón verde de la vivienda y salió la camioneta del SPF que trasladaba a Etchecolatz con casco y chaleco antibalas, los manifestantes comenzaron a gritar: «Asesino, volvé a la cárcel» y «Se hizo justicia».
Los miltantes de derechos humanos y vecinos del lugar expresaron su «alegría», después de dos meses de lucha para que el represor vuelva a una cárcel común a cumplir su condena y deje de gozar el beneficio de arresto domiciliario.
La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la edad de Etchecolatz no le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria de manera automática y consideró que sus problemas de salud pueden ser tratados dentro del sistema penitenciario.
Etchecolatz estaba en su casa de Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos, desde el 29 de diciembre por decisión del TOCF 6, a pesar de haber sido condenado cinco veces a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad.
El TOCF 6 le había otorgado a Etchecolatz la prisión domiciliaria en el marco de la causa en la que se lo investiga por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Puente 12 y Comisaría de Monte Grande, entre 1974 y 1983.
