La ex intendenta habría contado para ello con la colaboración, según la imputación, del empleado municipal y dirigente sindical, Jacinto Sampayo, “quien terminó siendo parte del negociado, perpetrado a través de la firma PIMP S.A., una suerte de muñeca mamushka, cuya disección conducía a la jefa comunal y su aliado gremial”, explica el periodista Néstor Espósito en el sitio TiempoAr.

PIMP tenía un único cliente: la Municipalidad de Resistencia. Se conformó apenas días antes del llamado a licitación que terminó ganando pese a su nulo palmarés para ello.

En su estructura societaria figuraban “nombres interpuestos”, es decir prestanombres o testaferros que disimulaban a los verdaderos propietarios. Y se aseguraron ingresos que excedían largamente la gestión.

Según el dictamen del fiscal federal, “la vinculación de la gestión de la ex intendenta Aída Ayala con este hecho, especialmente en lo que respecta a la empresa PIMP, no es ajena sino, más bien, clave”.

“En el mes de febrero del año 2014, durante su gestión, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que van desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida”.

¿Qué es PIMP S.A?
Según el fiscal, “se constituyó el 30 de julio del año 2013, obtuvo el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 07 de marzo del año 2014, esto es, siete días antes de la fecha prevista para el cierre de la presentación de ofertas y apertura para contratar, en locación, equipos para ser afectados al servicio de recolección de residuos producida el 14 de marzo del año 2014”.

Y desde entonces contrató con la Municipalidad de Resistencia, que estaba a cargo de la hoy diputada de Cambiemos, quien – según el fiscal – era una de las socias ocultas de la firma.

Como cáscaras de cebolla, la composición accionaria fue cambiando con el transcurrir del tiempo y así, “aparecen de un modo un poco más claro alguno de los nombres que desde un primer momento contaban con el verdadero dominio de PIMP SA, muy ligados a la ingeniera Aida Ayala, al dirigente Jacinto Sampayo y al empresario Pedro Alberto Martínez”, los otros dos involucrados en la supuesta maniobra.

Ayala no podía aparecer, en virtud de “los impedimentos para ser oferentes entre los que incluía a los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal”.

También estuvo disimulado Daniel Alejandro Fischer, “hombre de confianza de Aída Ayala se desempeñó como su jefe de campaña, fue y sigue siendo su persona de confianza tanto en lo comercial, en lo político como en lo familiar al haber sido pareja de la hija o hijastra de la ex intendenta y por ello la necesidad de ocultarlo durante el proceso de licitación”.

Las irregularidades en el proceso de contratación estallaban a la vista. “Sin embargo, en este caso no se observó por parte del Sindicato ningún reclamo a la contratación de esta empresa, cuando tamañas irregularidades exigían, por lo menos de su parte, un pedido de informes”, explicó el fiscal.

“Pasó el Sindicato a ocupar un lugar de espectador muy alejado del comportamiento, que frente a hechos similares solía mostrar y ello por la sencilla razón del interés que se perseguía, cuál era el de beneficiarse a través de personas y empresas de su confianza”.

“Fue la entonces intendenta Ayala quien efectuó un llamado a licitación a los apuros, sin dar intervención al concejo deliberante y asegurándose al mismo tiempo no contar con objeción por parte del Sindicato a cargo de Jacinto Sampayo, quien a través de otras personas se convirtió en socio de PIMP SA y de la Ingeniera Aída Ayala”, sostiene la acusación.

El negociado tenía perspectiva de futuro, según el dictamen: “la vigencia del contrato tramitado bajo este proceso atravesaría varias gestiones con lo cual no queda otra explicación distinta a que de esta manera se asegurarían el ingreso de fondos para volcarlos ya sea en campañas políticas o ganancias personales”.

En las elecciones de 2015, la intendencia cambió de manos (asumió Jorge Capitanich) y hubo una renegociación del contrato que, sugestivamente y pese a los vaivenes económicos y los mayores costos que debió afrontar PIMP (por razones contractuales, por la devaluación y la galopante inflación), los absorbió sin exigir compensación económica.

Para el fiscal, se trata de una “extraña y llamativa situación producida dos años después, cuando aquellos precios que se acordaron de forma irregular fueron renegociados con la nueva gestión, renegociación que significó para la firma PIMP un incremento considerable de costos, con la incorporación de tres camiones más a los 21 camiones oportunamente ofertados, uniforme para el personal municipal de higiene urbana, incremento de los recorridos, tanto en frecuencia como en distancias”.

“No alcanza a entenderse cómo o de qué modo pudo la empresa PIMP absorber ese costo, sin plantearse otra posibilidad que, aquella adjudicación del servicio asignada dos años antes contenía un fuerte índice de sobreprecios.

De otra manera solamente podríamos decir que estamos frente a un comportamiento altruista de la firma y de sus miembros, algo poco común en nuestro país, por no decir imposible”, remató el fiscal.