En el marco de la causa por lavado de activos conocida como Lavado II, la Jueza Federal Zunilda Niremperger, dictó el auto de procesamiento a la exintendente de Resistencia, Aída Ayala con prisión preventiva, aunque esto último no se podrá efectivizar, hasta tanto no sea desaforada.

También, resolvió el procesamiento para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y a los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, como así también a Patricia Vazquez, Rolando Javier Acuña y Fatima Jesca Rigassio.

De acuerdo a la información dada, la magistrada embargó a Aída Ayala por $200 millones y le dictó la inhibición general de sus bienes en el marco de la causa que es investigada por presunto “lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público”, en calidad de autora, en concurso real con los delitos precedentes de “asociación ilícita” en calidad de coautora, en concurso real con “negociaciones incompatibles con la función pública”, “enriquecimiento ilícito”, “fraude en perjuicio de la administración pública”, “incumplimiento de deberes de funcionario público”, en calidad de coautora.

Según sostiene el dictamen de Niremperger, la lista de procesados con prisión preventiva incluye no sólo al líder sindical sino también a los empresarios Huidobro, Martínez,  Fischer, Acuña y  Rigassio (vinculados a la empresa PIMP SA) y a Patricia Vázquez, cuñada del actual ministro de Hacienda y Finanzas Cristian Ocampo, quién fue detenida este mediodía por la Justicia.

Todos las personas en mención fueron embargadas cada una por un monto de $200 millones, excepto Pedro Alberto Martínez que recibió un embargoo de $250 millones.

Además, Cristian Adrián Zapata, Víctor Quiroz, Eulalio Bouza, Luis Escobar, Natalia Martínez Guarino y Mónica Centurión fueron procesados pero sin prisión preventiva.

En esta línea, decretó también el embargo de los bienes de las empresas Tecmasa SA, Pimp SA, Crisol Nordeste SA, Coyrel SA, SFH Construcciones, Inversora Nacris SA, Logística Belgrano, Recifis SRL, Cooperativa Omega Visión Ltda., e Ingeco SRL, Dafsa SA, RyA Construcciones, Coop. Las Palmeras Ltda., Cooperativa El Ciudadano Ltda., IAM Construcción SA, y Crearco SA, hasta cubrir la suma de $800 millones.

Por último, la jueza federal dispuso la inhibición general de bienes de todos los procesados y de las empresas vinculadas a los mismos.