La negociación por el ajuste en el Presupuesto 2019 alcanzó un punto crítico. Ante la decisión de no tocar el gasto social -que según Hacienda representa el 68% de las erogaciones-, el Gobierno avanzó con una primer propuesta de recortes muy agresiva que toca aspectos sensibles para las provincias.

Entre ellos, se destaca la postergación del pago de la deuda por el 15% de la coparticipación y un tijeretazo sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente y las campañas de vacunación.

Sin contar el ya conocido desplome de la obra pública, que caería al nivel más bajo desde el 2002 como porcentaje del PBI y que la Casa Rosada espera compensar con los proyectos de financiamiento privado del PPP.

El proyecto se comunicó en reuniones separadas de a grupos de provincias. Según supo LPO, en una de ellas en las que participó Salta, Neuquén, Chaco, Rio Negro, Tierra del Fuego y Córdoba -todas jurisdicciones con buen diálogo con la Rosada-, el rechazo fue unánime.

«Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero estas cuestiones generan impacto directamente en la gente. El ajuste así no lo vamos a acompañar», indicaron a este medio desde una provincia gobernada por el peronismo que estuvo presente en dicho encuentro.

El objetivo del Ejecutivo es que los gobernadores sean los que elijan finalmente las categorías en las cuales ajustar.

Para ello, la oferta presentada incluyó opciones de recortes por hasta $180.000 millones, de los cuales las provincias deben optar para llegar a los $100.000 millones acordados.

La Nación por su parte recortara de programas propios $200.000 millones, para tratar de alcanzar el año que viene la pauta del 1,3% del PBI de deficit, acordada con el FMI.

Desde el Ministerio del Interior que comanda Rogelio Frigerio confirmaron que dado el rechazo generalizado, la oferta inicial quedó desestimada y esperan una contra propuesta para la semana que viene.

Pero no está para nada claro que los gobernadores la definan. «Preferimos que el costo político lo asuman ellos. Si nosotros elegimos donde ajustar, nos va a pasar como en el pacto fiscal. Yo no me imagino a ningún gobernador sentándose en esa foto.

Por lo tanto, no creo que logren aprobar el presupuesto. Van a terminar sacándolo por decreto y reconduciendo el de 2018″, aseguró un alto funcionario provincial patagónico.

Ante esta situación y dada la dificultad para reducir el gasto, desde el Ejecutivo ya se evalúa trabajar en un aumento de los ingresos. «No tenemos mucho margen al no tocar el gasto social. Pero vamos a intentar trabajar primero sobre los egresos y si no tenemos éxito dejaríamos para el final la alternativa de tratar de subir los ingresos.

No es nuestra intención porque significaría aumentar impuestos y trasladarle el ajuste al sector privado, pero hoy no lo podemos descartar», confesaron desde la cartera de Frigerio.

Trabajar sobre los ingresos es un eufemismo para decir subir los impuestos, algo que afectaría uno de los pocos núcleos diferenciadores que le quedan al gobierno de Macri, luego del fracaso en la contención de la inflación y la caída del crecimiento.

Sin embargo, en las provincias creen que Nación avanzará de todas formas con la primer propuesta que les acercaron. «Están en un punto de desesperación en el que no miden el costo político de nada y eso quedó demostrado con las asignaciones familiares de la Patagonia. Era algo insignificante en términos de gasto, pero con un impacto social enorme», opinan desde el peronismo, donde consideran que el mayor ajuste lo sufrirá la Patagonia al tener el menor peso en el padrón electoral.

Por ejemplo, el presupuesto del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Nacional es de solamente $4.500 millones, mientras que el Fondo Nacional de Incentivo Docente alcanza los $20.000 millones, pero tiene una importancia vital en el interior profundo.

La mayor parte del empleo de los distritos más chicos proviene de los docentes, por lo que una caída en sus salarios tiene una incidencia directa en el consumo de la provincia.