El intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, se tomó licencia por diez días, asumiendo en el cargo la presidenta del Concejo Deliberante, Rosana Giménez.

Lorenzo Heffner negó todas las acusaciones en su contra y sostiene que se trata de una movida política para desacreditarlo ante la opinión pública. Dijo que es inocente y que demandará a sus detractores.

De acuerdo a la información proporcionada desde esa localidad turística, que por estos días estuvo en los diarios y en los medios nacionales a raíz de procedimientos hechos por la justicia federal que investiga el presunto lavado de dinero que tenía como fin construir viviendas, la intendenta interina sería su cuñada y esposa de un empresario, exfuncionario comunal, también investigado en esta causa.

La primera medida adoptada por la flamante mandataria comunal fue pedirle la renuncia a la actual secretaria de Gobierno, Mónica Sander, y designó en su reemplazo a Marcelo Ramírez.

Como se sabe, la justicia federal lo investiga por supuesto lavado de dinero y encontraron más de 3 millones de pesos en su casa, unos dos millones escondidos en el techo de su vivienda, mientras que 1.183.000 fueron hallados en la caja fuerte del jefe municipal.

Por otra parte, las autoridades federales concretaron otros procedimientos en donde tanto al jefe comunal como a su secretario José Hipperdinger, actualmente involucrado en esta causa, le secuestraron varios autos y camiones.

En total, fueron más de 30 vehículos, varios de ellos de alta gama. Algunos están a su nombre, mientras que otros pertenecen a su exsecretario de gobierno y a su entorno, situación que a tornado en escándalo esta investigación judicial.

El intendente y Hipperdinger están siendo investigados por supuesto ‘lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembros de una banda y funcionario público, en calidad de autores’. Además, por ‘Malversación de Fondos Públicos’, ‘Enriquecimiento ilícito’ y ‘Asociación ilícita’, entre otras.

La Justicia intenta demostrar un mecanismo de corrupción que tendría su inicio en el Instituto de Desarrollo Urbano y Viviendas de Chaco (Ipduv) y que derivaría en cooperativas manejadas por el entorno de Heffner e Hipperdinger.

Finalmente, se desprende de esta realidad que la Justicia busca demostrar que se quedaron con dinero que debía ser para la construcción de viviendas para comunidades aborígenes.