El fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, aseguró que la jueza de Garantías Nº 3 de la capital chaqueña, Rosalía Zozzoli, hizo una interpretación equivocada del Código Penal en lo relativo a la competencia para investigar el delito de lavado de activos.

Fue al declarar competencia a la justicia provincial y solicitar la declinatoria de la justicia federal en la causa Lavado II en la que se encuentra como principal imputada la diputada nacional por Cambiemos y ex intendente de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Amaro Sampayo.

“Cuando sale a la luz la noticia, como no había leído la resolución, lo primero que pensé es que se trataba sobre los delitos precedentes, porque sería una discusión actual y similar a los precedentes en la causa de Rey y Lugo (Lavado I)”, confesó Sabadini, en declaraciones a La Radio 104.7.

En ese sentido, reconoció que se “está planteando una discusión que es aceptable, incluso ya jurisprudencialmente en el fuero provincial y el federal lo han ratificado”.

No obstante, observó que “a medida que uno lee el fallo, que en algunas partes es confuso, lo que termina decidiendo, si mi lectura no es errónea, es que pase toda la causa de Lavado al fuero provincial”.

En referencia puntual a la resolución, el representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que “cuando habla del orden financiero y económico municipal, ha habido una grieta de mala comprensión de lo que es el lavado de dinero. Porque el orden económico y financiero municipal no existe, existe el orden económico y financiero”.

Al respecto, puso como ejemplo el delito del tráfico de estupefacientes que afecta a la salud pública: “Si se cometiera acá en la provincia, afectaría a la salud pública del Chaco: No, la salud pública es la salud pública, es una sola”.

“Con las últimas reformas que ha sufrido el Código Penal de lavado de dinero dejar de ser un mero delito contra la administración pública para ser un delito contra el orden económico y financiero evidencia que trasciende la jurisdicción y por ende la justicia federal debe hacerse cargo en investigar el delito de lavado”, subrayó Sabadini.

Y destacó, en ese contexto, al dictamen del fiscal Jorge Cáceres Olivera que citó, a su vez, un antecedente de la Procuración General que incluso fue receptado por la Corte Suprema.

El fiscal federal consideró que la jueza Zozzoli “involuntariamente confunde el orden económico y financiero municipal con el patrimonio municipal. Que hay una afectación al patrimonio municipal y del Estado Provincial, incluso.

Pero no en lo que tiene que ver con las ganancias que estaría afectando al sistema financiero, que no es de la Municipalidad porque trasciende los organismos administrativos y particulares, el daño actual o potencial es a la economía considerada en su conjunto. Es el sistema financiero, no existe sistema financiero de la Municipalidad”.