La licenciada en Servicio Social, Ariela Álvarez dialogó con el portal colega de noticias , Diario21.tv, sobre la situación de alcaidia, cárceles y lugares de detención en el Chaco.

En 2018, hubo 8 muertes de internos en el sistema penitenciario de la provincia de Chaco. Actualmente, la Comisión Provincial contra la Tortura investiga la situación de que atraviesan los detenidos en las alcaidías, cárceles y lugares de detención.

En representación del organismo, Ariela Álvarez explicó que desde el organismo están muy preocupados, ya que desde hace un tiempo vienen advirtiendo esta situación: “Permanentemente estamos enviando luego de las instancias de monitoreo, que es la herramienta que tiene el comité,  informes a los ministerios correspondientes”

“Hace varias semanas hemos empezado a conversar con diputados tendientes a poder lograr una ley que declare la emergencia del sistema por un año porque entendemos las condiciones que están hoy tanto las alcaldías”, expresó Álvarez.

“Tenemos alrededor de 1100 personas detenidas en Comisarías cuando en realidad no debería haber ninguna persona de esas detenidas allí, muchas de ellas ya fueron condenadas. Esto crea un cuadro de situación y no solamente en relación a las condiciones materiales”, añadió.

“Nosotros tenemos comisarías en el interior que están funcionando en baños de terminal, tenemos comisarías en donde la Defensa Pública ha tenido que presentar hábeas corpus porque los techos se vienen abajo. Tenemos 1100 personas detenidas en comisarías sin que se haga la asistencia alimentaria”, agregó.

“Estamos hablando de los derechos humanos básicos que le corresponden a cualquier persona, independientemente de que haya cometido un delito, de que esté juzgada y de que esté cumpliendo una pena. Todo esto crea una situación a raíz de estas condiciones, que nos ponen frente a la muerte de 8 personas –solamente del año 2018- en contextos de encierro”, resaltó.

“En principio y lo más importante, instamos a que se abra un espacio de diálogo con las autoridades provinciales tanto del Ministerio de Seguridad como de Gobierno, para poder conversar y dimensionar el problema para ver cuál es la solución. Estas cosas hay que hablarlas y a un año de trabajo, armar un plan y ver como progresivamente se va organizando”, sostuvo la misma.

Fuente: (Diario21.tv)