La Jefatura de Gabinete abrió una licitación para contratar un servicio de más de 5 millones de pesos para envío masivo y recepción de mensajes de texto (SMS).

Desde el Gobierno aseguran que sólo lo usarán para difundir «mensajes institucionales», aunque la noticia enseguida levantó sospechas porque se implementará en un año de campaña.

El pliego es para enviar 6.500.000 de SMS por un lapso de 12 meses y se propone crear una «Unidad Ejecutora Especial» frente al tema. También especifica la posibilidad de un ida y vuelta en la comunicación, ya que podrán recibir respuestas de los usuarios a los que les envíen los mensajes.

La unidad ejecutora -que dependerá de Jefatura a cargo de Marcos Peña- tendrá acceso a esas respuestas.

En el pliego especifican que la información no será difundida sin criterio, sino que los mensajes serán diversificados y apuntarán a grupos específicos.

El equipo de campaña 2019 del PRO que funciona en las oficinas de Balcarce -que también conduce Peña- trabaja para conseguir una aplicación de WhatsApp que les permitiría mandar mensajes masivos en la campaña, que tiene la función de que puedan ser respondidos a través de un sistema de inteligencia artificial.

Desde Jefatura aclararon que la licitación para los mensajes de texto es usual y este año se crea una «unidad especial» ante la eliminación de la subsecretaría que podía seguir el tema.

Dicen que no tiene relación con la campaña ni con la intención de Peña de obtener esa App para usarla con el equipo de Balcarce.

«No trabajamos juntos, eso es un equipo de campaña y lo que salga de Jefatura tiene un carácter institucional», explican.

Detallan que el servicio de envío de SMS se debe licitar porque el presupuesto destinado a eso no está incluido en la partida de publicidad oficial y por eso hacen «contrataciones especiales» con un monto aparte -en este caso de $5.850.000- a proveedores.

Según dicen en el Gobierno, estos mensajes de texto serán usados sólo para difundir campañas institucionales y eso es algo que ya se hace, como por ejemplo con «El estado en tu barrio» o «Precios Cuidados».

La licitación se dio a conocer unos días después de que el Enacom ordenara de modo sorpresivo que -para combatir el robo de celulares- todos los ciudadanos registren sus líneas con un plazo hasta el 18 de octubre.

Por eso, enseguida se levantaron sospechas de que pueden querer usarse como base de datos. La desconfianza no es nueva, se arrastra desde 2016 cuando Jefatura firmó un convenio con la Anses para que la Secretaría de Comunicación pudiera acceder a su base de datos.

Consultados por cómo trabajan para «diversificar» a los receptores, en el Gobierno aclaran que la segmentación se hace «según la finalidad de la campaña» y que las segmentaciones son por género, edad o zona geográfica.

«No hay segmentación por datos sensibles porque no tenemos esos datos, solamente los que establece el convenio: datos personales y de contacto», explican.

Las suspicacias sobre las campañas del PRO y su uso de las bases de datos se potencian en medio del escándalo abierto en Brasil por el uso político de bases de datos.

A días del ballotage, Jair Bolsonaro ya cayó más de 3 puntos -según la última encuesta de Ibope- a raíz de la investigación de Folha de Sao Paulo que demostró que las empresas estaban interfiriendo en las elecciones al comprar paquetes de disparos de mensajes contra el PT por WhatsApp.

«Si sale de jefatura no tiene nada que ver con la campaña», insistieron desde Cambiemos. En el equipo 2019 del PRO que funciona en Balcarce «no están al tanto». además, dicen que ninguna unidad temporaria se puede extender más allá del mandato y esa es la razón por la que finaliza en 2019, no por campaña.