La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó los procesamientos de Ismael Fernández, Cristina Dellamea y Ramón Alejandro Chávez en la causa por lavado de activos en el marco de una presunta operatoria para apropiarse de fondos públicos por su cercanía con funcionarios del gobierno provincial.

También confirmó la falta de mérito del ministro de Infraestructura aunque ordenó profundizar la pesquisa.

En un fallo dictado este viernes, los camaristas Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Ramón González confirmaron los procesamientos con prisión preventiva del extitular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye, Ismael Fernández y los empresarios Ramón Alejandro Chávez y Cristina Dellamea por el delito de “lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público”, en calidad de coautores.

En tanto, también se confirmó la falta de mérito del ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, aunque se recomendó a la jueza federal Zunilda Niremperger “intensificar la pesquisa” respecto a una serie de puntos señalados por el tribunal.

La resolución de la Cámara Federal se produce pocos días después de realizada la audiencia oral ante ese tribunal, el 18 de octubre pasado, donde las defensas fundamentaron su rechazo a la decisión de la jueza de primera instancia con respecto a los detenidos que, cabe agregar, también fueron embargados por un monto de 50 millones de pesos, cada uno, en los casos de Fernández y Chávez, y de 100 millones de pesos para Dellamea.

En la misma audiencia, el fiscal federal ante la Cámara, Federico Carniel, sostuvo tanto los procesamientos como el pedido de que se revea la falta de mérito que benefició al ministro Echezarreta.

Entre sus fundamentos, los camaristas señalan que “(…) ha quedado acreditado, con el grado de suficiencia requerido en esta etapa procesal, que los imputados conformaron un acuerdo de voluntades tendiente a la comisión continuada de hechos configurativos de la figura penal de lavado de activos”.

Agregan que “para ello, se valieron de una maniobra que inicia con una matriz de corrupción llevada adelante a través de contrataciones irregulares del Estado –representado por (Horacio) Rey y (Roberto) Lugo- y por “proveedores” minuciosamente favorecidos, los que pertenecían a su entorno cercano los imputados formaban un grupo organizado destinado a extraer dinero del erario público del Estado provincial para transformarlo e introducirlo al circuito legal económico, siendo Héctor Horacio Rey, Roberto Marcelo Lugo, Ramón Alejandro Chávez, Ismael Fernández, Cristina Mariel Dellamea entre otros, actores importantes dentro de este complejo entramado”.

Los camaristas advierten que, en el caso puntual de Ismael Fernández, su responsabilidad se acredita no sólo por las pruebas objetivas sino también de “lo sugestivo que resulta que una persona contratada como chofer en un comienzo, culmine en un breve período de tiempo siendo funcionario público y, lo que reviste mayor gravedad aún, proveedor del Estado”.

Señalan, además, que tampoco es “un dato menor que Fernández es cuñado de Héctor Horacio Rey, quien se desempeñara como secretario de Gobierno de la provincia, tío de Mariel Cristina Dellamea y amigo íntimo de Alejandro Chávez”.