El Parlamento chaqueño giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto de ley 6028, de autoría del interbloque Cambiemos, y estableció la preferencia de su tratamiento para el próximo miércoles.

Se trata de la iniciativa legislativa que establece la intervención del Municipio de Juan José Castelli por el término de 60 días, desde la promulgación de la norma o por el término menor que corresponda por asunción de la nueva autoridad electa.

Minutos después de iniciada la sesión, desde su banca, la diputada justicialista Elida Cuesta mocionó el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que establece la intervención de la localidad de Castelli, por los presuntos hechos de corrupción que se le imputan al intendente Alberto Nievas.

Posteriormente, desde la oposición, el legislador del PRO (Cambiemos) Luis Obeid, recordó que “el miércoles pasado fui uno de los firmantes (del proyecto) y hoy pedí la desafección de esa firma”, anunció.

“Como funcionario público mi deber es respetar el texto de la Constitución del Chaco que establece dos causales específicas para la intervención de un municipio: la acefalía total y definitiva y la subversión del régimen municipal”, explicó y comentó que, “habiendo consultado a referentes en lo jurídico, entiendo que ninguna de las dos causales se configura a partir de que han sido los mismos concejales de Castelli quienes optaron por mantener la inmunidad del intendente”.

Aseguró que “sería inconstitucional por arremeter contra uno de los principios básicos que es la autonomía municipal. Es mi deber actuar de acuerdo a la Constitución y así lo haré. Entiendo que intervenir un Municipio sin que la causal sea exactamente la establecida, sería de gran peligrosidad”.

En tanto acentuó que “el cambio de mi postura obedece a acatar lo que la Constitución determina. Más allá que dichos concejales hayan actuado bajo presión o no, espero que la Justicia investigue y si son culpables que sean sancionados por sus actos”.

Coincidió con el diputado Obeid el justicialista Juan Manuel Pedrini, al señalar que sus expresiones “nos exime de mayores comentarios a quienes queremos defender la plena vigencia de la Constitución”. Ratificó que “no se da ninguno de los presupuestos para intervenir el Municipio de Castelli. La autonomía municipal es plena y, los que tenían que tratar el caso, ya se expidieron”.

Entonces, el diputado Pedrini mocionó su pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la de Asuntos Municipales, a fin de analizar su encuadre en el artículo 203 de la Carta Magna.

Otra vez la diputada Cuesta pidió una intervención y afirmó: “Respeto las opiniones de todos los juristas. Yo soy una militante política ignota en algunos temas, pero tengo mi dignidad y trayectoria y soy consecuente con mis actos. Es por eso que pedí el tratamiento sobre tablas de esta cuestión”.

“Siempre decimos que la corrupción trasciende a los partidos políticos. La pobreza que hay tiene que ver con la corrupción. Quiero decir como ciudadana y como integrante de este poder, que quiero dejar el camino libre para que la Justicia investigue. Hubiese sido más fácil si el intendente pedía su licencia. Si no se hubiese presionado a nadie y hubiese votado y expedido el Concejo. Como no fue así, seguiré con mi moción o sino mociono que pase a la Comisión de Constitucionales, con preferencia a una sesión”. “La sociedad está esperando un gesto de los políticos, ya que no lo tienen algunos funcionarios”, cerró la titular del poder legislativo.

Desde Cambiemos, la diputada Irene Dumrauf fue contundente: “No es una cuestión menor, compartimos con Cuesta. El intendente está involucrado en la Causa Federal, conocida como Lavado III. La misma causa por la cual está preso quien fuera intendente de Villa Río Bermejito (Lorenzo Heffner)”. La diputada solicitó la votación nominal, lo que finalmente se dio de esa manera.

Desde el Partido del Obrero, el diputado Aurelio Díaz, afirmó: “Creemos que es algo inconstitucional este pedido de intervención”. Reiteró un viejo reclamo, ¿a dónde fueron a parar los 4 mil millones de pesos que se tomó de crédito para construir viviendas? Llamo a los dos partidos a discutir la problemática que el pueblo sufre, esos temas”, interpeló.

También el diputado del Frente Grande, Daniel Trabalón, se inclinó por el rechazo, aunque aclaró: “Comparto lo que han expresado las diputadas preopinantes con respecto a la gravedad de la situación en Castelli”. “Me parece que intervenir un municipio también es un hecho importante, grave, que requiere de ajustarse a la Constitución y a las leyes. A mediados de agosto ocurrió algo similar. A las 7 entró un proyecto, 7,30 otro 7,40 otro y a las 8 estaba intervenido un Municipio. No se puede dar un proceso como se hizo con Villa Río Bermejito. (…) Debería tener un debate en las Comisiones. (…). En estas condiciones, nuestro bloque rechaza el tratamiento el día de hoy”.

“No podemos sentar un precedente de intervenciones exprés de municipios”, recalcó el diputado del Frente Grande y reparó en que “esto no avala un hecho ni impide que se siga investigando. Hoy ese municipio está hoy funcionando con sus autoridades electas. Que pase a comisión”, aseveró.

Desde el justicialismo, Héctor Vega habló desde su condición de exintendente. “No puedo dejar de observar que no me gustaría para nada que, sobre tablas, en algún momento, se llegase a avasallar el Gobierno elegido por mi pueblo. Y menos sin haber pasado por comisión. Estaríamos avasallando lo que dice la Constitución y si esto es la Casa de la Democracia, mínimamente que pase a Comisión, que se estudien los hechos dados por la Justicia y no por los medios de comunicación”, sostuvo.

Desde la bancada opositora, Carim Peche, jefe de bloque, aseguró: “Haber votado la intervención de Villa Río Bermejito no me tienen arrepentido. Tan equivocados no estábamos porque la justicia lo tiene detenido. En esa oportunidad no había orden de detención. En este caso sí, está la orden de detención”. “Nosotros actuamos con coherencia. Se presentó la semana pasada, pero esto no es una cuestión que se nos ocurre a nosotros y que no es a derecho. Hay delitos. No puedo decir que los haya cometido, pero está ordenada la detención.

Nuestra responsabilidad es velar por un montón de cosas que hace a nuestra provincia. Nuestra provincia está en emergencia moral”, expresó el diputado y planteó una “moción de orden para pasar a votación”.

Así se hizo. La votación no logró los dos tercios que requería el tratamiento sobre tablas. El justicialista Pedrini retiró su moción por lo que se votó la segunda de la diputada Cuesta para que se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con preferencia para su tratamiento en el Recinto de una semana. Posteriormente, un grupo de diputados también pidió la palabra para expresarse en relación al proyecto.